EscucharHace algunos días, vivimos el triste episodio de algunos legisladores del Frente Amplio y del PAC que se sumaron a funcionarios del Ministerio de Hacienda al cuestionar el derecho de asesores y del sector privado a opinar en torno al proyecto de ley de fraude fiscal.
Tanto asesores como las instituciones del sector privado y los ciudadanos, tenemos el derecho de participar en la construcción del marco legal que nos rige, más aún si este nos afecta y puede impactar en la inversión nacional y extranjera, el empleo y el bienestar de los costarricenses.
La Cámara de Industrias de Costa Rica fue convocada una vez más por los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios el 20 de julio del 2016 para brindar opinión sobre el proyecto de ley mencionado.
En esa oportunidad, hicimos un especial reconocimiento a sus miembros por tomarse el tiempo para recibir información y así enriquecer el proceso legislativo, especialmente, ante tan importante asunto cuyas implicaciones son de la más alta relevancia para nuestro país.
A través del largo proceso de discusión del proyecto de fraude fiscal, hemos sido observadores de la persistente actitud del viceministerio de Hacienda, y algunos funcionarios de la Dirección General de Tributación (DGT), que al unísono con algunos lideres sindicales no han dejado de calificar al sector privado formal, que paga impuestos y contribuye a la seguridad social, como evasores y como los responsables de la crisis fiscal.
¡Qué cansado es ese discurso que reiteradamente falta a la verdad, que no señala la realidad de las cosas por razones alejadas de nuestros principios y valores democráticos!
Más cansado aún, cuando tratan de hacer creer a los costarricenses que defienden causas justas, en vez de privilegios, que lejos de favorecer la generación de empleo la afectan y que en lugar de apoyar la solución a los problemas del déficit fiscal promueven un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Solución. Todos sabemos que la solución al déficit fiscal está en atacar la informalidad, procurar que todos paguemos impuestos, combatir el contrabando, legislar para que se eliminen los excesos, que se gaste lo que se puede de acuerdo con los ingresos, que los recursos que aportamos las empresas y los costarricenses sean bien usados y que los servicios del Estado sean eficientes.
El derecho a informar y aportar es de todos, no es exclusivo de unos pocos. Nos rehusamos a ser ciudadanos de segunda clase, que no podamos expresar a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y la opinión publica nuestra visión de país y el marco legal que nos permita crecer y desarrollarnos. Estaríamos atentando contra la libertad de expresión.
En relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debemos señalar que algunas de las cosas que esta organización promueve son las buenas prácticas de gobernanza, la transparencia y los beneficios para Costa Rica.
En ese sentido, el viceministerio de Hacienda fue opaco al señalar que era un requisito tener el registro de accionistas como lo querían y como condición para nuestra incorporación.
Un solo país. Les recordamos que Costa Rica somos todos: políticos, empresarios, trabajadores públicos y privados, ciudadanos en general, sin distingo de afiliación política, pero unidos bajo una sola bandera costarricense, que enarbola nuestros principios y valores más sagrados desde la creación de nuestra centenaria democracia.
La Cámara de Industrias de Costa Rica, la Cámara que cree en los valientes, defenderá siempre y promoverá su derecho de aportar al desarrollo económico y social de nuestro país, porque sabemos ser libres y no siervos menguados.
El autor es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
