EscucharComo mínimo, en seis oportunidades en los últimos 20 años, he opinado sobre la politiquería y la doble moral que acompaña la discusión sobre los ridículos salarios que se ofrecen a los candidatos a ministros y viceministros.
Distinguidos dignatarios electos se llenan la boca afirmando que en su gobierno van a congelar los salarios de los jerarcas —unos cincuenta cargos— mientras sus subalternos, con su aprobación tácita o explícita, aprueban convenciones colectivas que se convierten en un robo a mano armada, en perjuicio de todos los ciudadanos.
En el 2015 se supo que los policías de tránsito de la Universidad de Costa Rica ganaban más que un ministro. En ese entonces, había 249 oficiales en ese centro de estudios superiores y, en promedio, su sueldo era de ¢1.057.526. De ese grupo, 60 superaban los ¢1,3 millones.
Tras el éxtasis que merecidamente acompaña la victoria electoral, el presidente se enfrenta a un serio problema a la hora de buscar quién lo acompañe en la ardua labor que le espera.
Los salarios que ofrece a sus futuros ministros y viceministros representan la mitad de lo que recibe un magistrado, o menos aún si se trata de algunos presidentes ejecutivos, gerentes de instituciones autónomas, y ni que decir de la imposibilidad de agregar a su equipo profesionales liberales o CEO del sector privado.
Salarios ridículos
Para algunos, percibir comparativamente cualquier bagatela puede verse como una muestra de desprendimiento. Ese lujo, sin embargo, solo pueden dárselo quienes tienen resueltas sus necesidades financieras, rentistas que no requieren un salario para subsistir.
No estaríamos hablando, por tanto, de una democracia, sino de una plutocracia, y esta, ciertamente, no es la forma de gobierno a la que aspiramos.
Si el próximo ministro ya es funcionario, arrastra algunos derechos adquiridos, como anualidades, empero la situación se hace aún más compleja a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), puesto que baja significativamente el monto de la prohibición y carrera profesional.
Desde hace algunos años se cuentan anécdotas, tal es el caso de un presidente que quiso traer a un eminente profesor costarricense que laboraba en una universidad estadounidense, donde su salario alcanzaba los $25.000 mensuales.
Le ofreció el Ministerio de Hacienda. En otras palabras, le pidió sacrificar una vida activa, pero relativamente tranquila, por un torbellino de pasiones inmerso en el juego de intereses, asedio mediático, riesgo de ser desnudado públicamente con razón o sin ella por los auditores de la Contraloría —mucho mejor pagados que él mismo—, vender o trasladar negocios que pudieran dar lugar a incompatibilidades, etc.
Sin cambiar leyes
En fin, se le pidió cambiar su salario y vida por unos $4.000 y el honor de ser ministro, aunque como funcionario bueno, eficaz y hasta algo creativo no iba a estar exento de ser víctima de alguien que lo acusara falsamente de lo que fuera.
No hace falta una ley. La solución está en manos de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, que es la que fija esos salarios.
Sin mucho tecnicismo, propongo que se defina un salario global que promedie lo que gana un diputado, digamos ¢4 millones. Eso es mucho menos de lo que recibe un procurador y varios mandos medios, y apenas la mitad o menos de lo que reciben los magistrados, un rector universitario, un presidente ejecutivo o un pensionado de lujo.
Dejemos la política aldeana y la doble moral que ha caracterizado nuestra sociedad. Todo gobierno debe contar con los mejores hombres y las mejores mujeres disponibles, y, para ello, deben ser remunerados dignamente.
La democracia costarricense exige funcionarios capaces, ejecutivos de clase mundial, pero quien posea esas cualidades merece un estipendio digno.
Enmendar el error
Nadie está pidiendo que se malgaste el presupuesto nacional; sin embargo, debe establecerse un mecanismo que permita una mejora inmediata.
Fórmulas abundan, lo que faltan son decisiones valientes, porque siempre van a sobrar nihilistas que se opongan a todo, por mero placer o con el propósito de buscar la destrucción del Estado mismo.
Este gobierno puede solucionar el problema antes del 8 de mayo. Carlos Alvarado es un presidente valiente. Bien puede asumir este reto, porque su gobierno fue víctima de tan grave error.
El autor fue director general del Servicio Civil.
