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Cada vez que la ruta nacional 32 se cierra por un deslizamiento, el impacto va mucho más allá del sitio del derrumbe. Se atrasan exportaciones, se encarece el transporte, aumentan los tiempos de viaje y, en el peor de los casos, se ponen vidas en riesgo. Esta carretera, que conecta el Valle Central con Limón y el principal puerto del país, es uno de los corredores logísticos más importantes de Costa Rica y sostiene gran parte del movimiento económico nacional.
Por décadas, los deslizamientos en esta vía han sido un problema crónico. Las lluvias intensas, la topografía montañosa y las condiciones geológicas de la zona del parque Braulio Carrillo hacen que los taludes estén sometidos constantemente a condiciones críticas. Cada evento recuerda que la estabilidad del terreno no es solo un problema técnico, sino un asunto de seguridad humana, de economía y de funcionamiento del país.
El impacto económico de los cierres ha sido ampliamente documentado. Según datos publicados en medios nacionales en los últimos años, el cierre de esta ruta puede generar pérdidas cercanas a los ¢500 millones por día en actividad económica. Asimismo, según datos de reportes periodísticos citando al sector transporte y logístico, los costos adicionales asociados a atrasos y desvíos pueden alcanzar cientos de miles de dólares diarios. Las pérdidas acumuladas por cierres recurrentes se han estimado en decenas de millones de dólares al año.
Pero más allá del impacto económico, el riesgo humano es el más preocupante. Los deslizamientos en carreteras de montaña han provocado accidentes, personas lesionadas e incluso fallecimientos. Cuando un desprendimiento ocurre en una vía con tránsito constante, el fenómeno natural se convierte en una amenaza directa para quienes por allí circulan.
Tradicionalmente, la ingeniería geotécnica ha abordado el diseño de taludes con un objetivo principal: que no fallen. Se calculan factores de seguridad, se estabilizan zonas críticas y se busca reducir la probabilidad de deslizamientos. Este enfoque ha sido fundamental y ha permitido mejorar la seguridad en muchas rutas. Sin embargo, en carreteras de montaña de alta importancia estratégica, surge una pregunta distinta: ¿qué pasa cuando el talud sí falla?
En los últimos años ha cobrado fuerza el diseño basado en desempeño. Este enfoque no se centra únicamente en evitar fallas, sino en entender cómo se comporta el sistema completo y cuáles serían las consecuencias reales de distintos niveles de daño.
Puede entenderse en tres ideas simples: 1) La respuesta del sistema: analizar cómo reacciona un talud ante lluvias intensas, saturación del suelo o sismos. 2) El daño físico: desde pequeños desprendimientos que se limpian en pocas horas hasta derrumbes que bloquean la carretera por días. 3) La pérdida, que integra tres dimensiones clave: vidas humanas, costos económicos y pérdida de funcionalidad.
Cuando una carretera como la ruta 32 se cierra, el impacto no se queda en el punto del derrumbe. El transporte de carga se retrasa, aumentan los costos logísticos, se saturan rutas alternas y miles de personas deben invertir más tiempo para movilizarse. Estos cierres afectan directamente la competitividad del país y la continuidad de la cadena logística.
Desde esta perspectiva, el diseño basado en desempeño plantea un cambio importante: no todos los taludes deben tratarse igual. Aquellos cuya falla podría provocar muertes o paralizar una vía estratégica deberían considerarse infraestructura crítica. En estos casos, el objetivo no es únicamente que el talud sea estable bajo condiciones normales, sino que, si ocurre un evento extremo, sus consecuencias sean manejables.
La ruta 32 es un recordatorio constante de esta realidad. Cada cierre evidencia que la estabilidad de un talud no es solo un cálculo técnico: es una decisión que influye directamente en la seguridad de las personas y en el funcionamiento de toda la economía.
diegocordero@cmg.cr
Diego A. Cordero Carballo es ingeniero civil geotecnista.
