Reforma procesal penal al banquillo

El Código Procesal Penal fue aprobado con enormes expectativas. Fue parte de un proceso de enmiendas en varios países de América Latina, en la década de los 90, cuya pretensión era modernizar las leyes de enjuiciamiento criminal, enmarcado, además, en un periodo de transiciones democráticas en buena parte de la región.

Transcurridos los años, cabe preguntarse qué avances supuso y qué desafíos quedan por delante. Los puntos más altos de la reforma del 98 quizás sean haber suprimido la vieja figura del juez de instrucción y el fortalecimiento del Ministerio Público como órgano acusador. También la incorporación de las medidas alternas al juicio y el reposicionamiento del papel de la víctima a la cual se le concedieron, como nunca antes, derechos y atribuciones, realidad que, por cierto, se estrella contra el discurso incendiario de profetas políticos y comicastros mediáticos que no desperdician ningún hecho de violencia para azuzar a las masas y reclamar más represión y más medidas draconianas en nombre de las víctimas.

A la par, hay todavía oportunidades para mejorar el sistema de justicia penal. Las medidas alternas han sido un fracaso; al hilo de sucesivas reformas que las restringieron, dejamos escapar la oportunidad de que, como recomienda la ONU desde 1965, hubiera salidas que satisficieran mejor los intereses de las partes. Su uso es cada vez más escaso.

Mal concebidas. Las fallas son de origen. Una parte del control de las medidas se le entregó al Ministerio de Justicia y Paz, a pesar de no contar con los recursos económicos ni humanos para atender a una población, la de las suspensiones del proceso a prueba, que llegó a más de 15.000 en el 2017.

El control de las medidas debería estar a cargo de una estructura robusta y fuera del Poder Ejecutivo. Renunciar a una cultura punitivista debe demostrar que otras opciones a la prisión no solo son más económicas, sino más eficaces. Pero para ello es necesario asumirlas como política de Estado. El error del Código del 98 está en haber pensado que su valor simbólico sería suficiente.

La duración de los procesos es otro reto mayúsculo, como lo han revelado los informes del Estado de la Justicia del Estado de la Nación. Tenemos una justicia cada vez más lenta. Si el Poder Judicial ha invertido en más funcionarios y en más tecnología, no puede admitirse que los ciudadanos deban esperar más por la resolución de una causa.

Lo anterior supone, en el caso de la justicia penal, revisar la utilidad de la audiencia preliminar y el papel de los jueces de la etapa intermedia.

Por último, el sistema de impugnaciones, modificado en el 2012, contiene todavía debilidades preocupantes. Un sumario puede pasar años y más desfilando, interminablemente, entre los tribunales de juicio y los de apelación sin que se le ponga término, en una incomprensible trasgresión al principio de seguridad jurídica.

Uno podría intuir que la próxima recomposición de la Sala Tercera influirá, lo cual, además, recuerda que los cambios necesarios a veces son políticos y no jurídicos.

Comoquiera, hay que entender que las leyes penales –y las de procedimientos también– no son, per se, instrumentos para disminuir la criminalidad. La realidad es bastante más compleja que levantar pasiones para esperar soluciones simples y reduccionistas.

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Las leyes tienen como propósito garantizar a la ciudadanía una respuesta del Estado a sus demandas, con celeridad y en apego a los valores sobre los cuales se asienta una democracia. Que la justicia llegue con eficacia y prontitud, es acaso uno de los elementos determinantes para la legitimidad del Estado de derecho, y esto sí está definido, en gran medida, por cómo se diseñan las leyes y, sobre todo, por cómo se atienden y mejoran sus resultados.

El autor es investigador en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).