El proyecto para fomentar vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica ha sido objeto de una inmisericorde campaña de desinformación que busca proteger el statu quo del mercado aéreo en la región, calificado en un estudio del Banco Mundial (BM) de poco competitivo y en el que el costo de un boleto aéreo es, por kilómetro, 3,8 veces mayor que en Suramérica.
Si las aerolíneas ofrecen boletos en no más de $50 de ida o $100 ida y vuelta, Costa Rica bajará los impuestos y tasas asociados a la compra del boleto a menos de $23, siempre y cuando el otro país asuma el mismo compromiso.
Así, podríamos tener una mayor oferta de boletos que no superen los $146 ida y vuelta, en una región donde es común encontrar precios de $800 y hasta $1.000 en clase económica para viajes de 50 a 80 minutos.
En Costa Rica los impuestos y las tasas ascienden a $58 en el aeropuerto Juan Santamaría y $52, en Liberia. En los demás países oscila entre $33 y $98, con un promedio de $53.
El tope de impuestos de $23 por país constituye una reducción significativa que busca incentivar a las aerolíneas a ofrecer más asientos en la categoría de bajo costo (menos de $50 por tramo) y atraer más de bajo costo a la región.
La quinta parte de nuestras exportaciones de bienes se dirigen a Centroamérica, nuestro segundo mercado después de EE. UU. En servicios, el 35 % de nuestras exportaciones de tecnologías de información va hacia Centroamérica y Panamá.
La mayoría son mipymes para las que el elevado costo de los boletos aéreos constituye un obstáculo a su crecimiento. Imaginen una pequeña empresa tecnológica costarricense que recibe la llamada de un cliente porque el sistema no funciona y no es posible resolverlo de manera remota. Hay que enviar un técnico en forma inmediata. Haga el lector el ejercicio de cotizar un boleto para el día siguiente hacia Tegucigalpa, por ejemplo. Las tarifas van desde los $600 hasta más de $1.000.
La mayor oferta de bajo costo beneficiará primordialmente a las micros, pequeñas y medianas empresas, y a los profesionales independientes que tienen negocios en Centroamérica.
Se dice que los turistas extranjeros aprovecharán los vuelos de bajo costo hacia otros destinos y acortarán su tiempo de estadía en nuestro país. Esto no es cierto.
El turista que nos visita no es dado a estar perdiendo el tiempo en viajes entre países. Costa Rica es un destino caro. El turista que se queda dos semanas aquí tiene un alto poder adquisitivo y busca un destino premium y una infraestructura turística que otros países centroamericanos no tienen. Tampoco es un cazador de ofertas; si lo fuera, habría buscado un destino más barato para empezar.
Para utilizar estos vuelos, los turistas deben dejar su hotel en Puerto Jiménez o Puerto Viejo, manejar 4 o 6 horas hasta el Juan Santamaría, estar dos horas antes, ver qué hacen con su equipaje (no incluido en el precio del boleto de bajo costo) y, al llegar al otro país, pasar por aduanas y migración para volver a manejar hasta su destino. El vuelo de 50 minutos se convierte en una travesía de 8 a 12 horas. ¿Para ahorrarse unos $50 en impuestos? Fácilmente se los gastan en alimentación en el aeropuerto. No tiene sentido.
Como ya vimos, las tarifas definidas de bajo costo no incluyen equipaje, lo cual es un obstáculo para el turismo. Pero además, los otros centroamericanos podrán hacer lo mismo y visitar nuestro país, compensando la posible salida de nacionales hacia la región. Esta parte el gobierno la omite.
La afirmación revela que las autoridades se creen dueñas de la voluntad de los ciudadanos; que pueden forzarnos a vacacionar en el país e impedirnos buscar otras opciones. En una sociedad libre, como la que teníamos en Costa Rica antes del 8 de mayo del 2022, y como la que espero sigamos teniendo después de mayo del 2026, el ciudadano es soberano para decidir cómo y dónde gastar su dinero.
Decir que el proyecto regula tarifas es absolutamente falso. Ofrece reducir los impuestos que paga el pasajero en los boletos de $50 o menos por trayecto. Las aerolíneas tienen total libertad de decidir si ofrecen estas tarifas o no; nadie ni nada las obliga a hacerlo.
Tampoco es cierto que el mercado aéreo centroamericano está en competencia y no hace falta fomentarla. La presencia en la región de tres aerolíneas no es sinónimo de competencia. Muchas rutas presentan condiciones monopólicas, lo cual se puede comprobar cotizando un vuelo entre San José y Panamá o San Salvador. La presencia de varias aerolíneas no se traduce en competencia por ruta.
Otra afirmación incorrecta es que se reducirán los ingresos del ICT y, por ende, las campañas de promoción en los mercados meta resultarán afectadas. El estudio del BM estimó que una rebaja del 10 % en el precio causaría un aumento en la demanda de boletos de entre el 13 y el 20 %. Al crecer la cantidad proporcionalmente más que lo que cae el precio, el efecto será una recaudación mayor. El BM estima que, con un impuesto de $20, sería necesario agregar un vuelo diario a cualquier destino de Centroamérica para recuperar la recaudación original. Esta es una meta fácil de alcanzar.
La ley para fomentar los vuelos de bajo costo en Centroamérica fue pensada para beneficiar al mayor número de costarricenses. Entre tanta mentira, lo cierto es que beneficia a los costarricenses con presupuestos limitados, a las emprendedoras que desean exportar, a pequeños emprendimientos de software o de alimentos, a consultores independientes y a miles que necesitan desplazarse por la región para crecer y generar empleo.
Lo cierto es que el acceso a nuevos mercados significa mayor crecimiento económico y más ingresos para el fisco, la Caja y Fodesaf. Lo cierto es que el proyecto pone los intereses de Costa Rica primero.
El autor es diputado.
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