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La modernización de Puerto Caldera no admite más postergaciones. Su rezago operativo, acumulado durante años, afecta la competitividad nacional, encarece la logística y limita la capacidad del país para responder a las exigencias del comercio internacional. Precisamente por eso, el proceso licitatorio para su modernización debía construirse con el mayor rigor técnico, jurídico e institucional.
La recomendación de adjudicación actualmente en curso no responde a una decisión improvisada ni discrecional. Es el resultado de un proceso estructurado, transparente y sometido a controles, diseñado para asegurar que una obra estratégica para el país se defina bajo criterios objetivos, verificables y previamente establecidos.
Desde el inicio, el cartel estableció con claridad los requisitos técnicos, financieros, ambientales, sociales y legales que debían cumplir los oferentes. Estos no surgieron de forma arbitraria. Fueron construidos a partir de estudios avanzados de factibilidad, análisis especializados y un sondeo de mercado riguroso, que permitió contrastar el diseño del proceso con prácticas utilizadas en proyectos similares en otros países. Ese ejercicio fue fundamental para asegurar que las condiciones definidas fueran consistentes con estándares internacionales, financieramente viables y técnicamente robustas.
Todos los requisitos técnicos y financieros fueron publicados desde la apertura del proceso y permanecieron sujetos a consultas, observaciones e impugnaciones por parte de los interesados, conforme a los mecanismos y plazos establecidos en la legislación vigente.
En particular, los requisitos financieros formaron parte del cartel desde su publicación y no fueron objeto de impugnación en la etapa correspondiente. Este es un hecho relevante, porque confirma que las reglas fueron conocidas con antelación y que el proceso se desarrolló con las garantías necesarias de participación, publicidad y seguridad jurídica.
En un proceso licitatorio serio, las reglas deben ser claras desde el inicio y aplicarse por igual a todos. Modificarlas o reinterpretarlas una vez conocidas las ofertas no fortalecería la competencia; por el contrario, debilitaría la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
La estructuración del cartel y la evaluación de las ofertas se realizaron bajo criterios objetivos y previamente definidos. El esquema de admisibilidad fue claro: cumple o no cumple. Ese diseño elimina márgenes de subjetividad, reduce la discrecionalidad y garantiza que la valoración responda exclusivamente a las condiciones establecidas en el cartel y al marco legal aplicable.
La participación en un proceso de esta magnitud debe analizarse con responsabilidad y no únicamente a partir del número final de ofertas presentadas. Durante la licitación se promovió una interacción constante con empresas operadoras, instituciones financieras y otros actores relevantes. También se realizaron visitas técnicas al sitio, mecanismos formales de consultas y espacios de intercambio que permitieron a los interesados comprender el alcance del proyecto, sus riesgos y sus obligaciones.
Asimismo, la finalidad de este proceso nunca ha sido favorecer a ningún actor en particular ni limitar la competencia. Su propósito ha sido asegurar que el futuro concesionario cuente con la capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para ejecutar una obra estratégica y garantizar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio portuario.
La modernización de Puerto Caldera es una necesidad impostergable, pero también una responsabilidad institucional de la mayor trascendencia. Por eso, la mejor respuesta ante cualquier cuestionamiento no está en la especulación, sino en los hechos: un cartel público, requisitos definidos desde el inicio, espacios formales de participación, criterios objetivos de evaluación y un proceso sometido al marco legal vigente. En proyectos de esta relevancia, la confianza pública no se construye con percepciones, sino con procedimientos verificables. Ese ha sido y seguirá siendo el norte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
Wagner Quesada es el presidente ejecutivo del Incop.
