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El papa León XIV pronunció ante el Congreso de los Diputados de España una afirmación que debería resonar en toda conciencia jurídica y moral: “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”. No se trata de una frase confesional ni de una consigna religiosa. Es una verdad profundamente humana, racional y civilizatoria, fundada en la dignidad intrínseca de todo ser humano, principio reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, “todo el derecho de los Derechos Humanos está fundado sobre la idea de que estos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca de la persona humana, para decirlo en términos de la Declaración Universal, son atributos del ser humano, de todo ser humano en cuanto tal, anteriores y superiores a toda autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino que los descubre, no los otorga, sino que simplemente los reconoce, porque tiene que reconocerlos” (voto N.º 7730-00).
Si la dignidad de la persona es inviolable, entonces ninguna mayoría política, ningún parlamento, ningún tribunal ni ninguna ideología puede convertir en derecho la eliminación deliberada de una vida humana inocente. “¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido” (León XIV)?
La dignidad humana no nace de la ley. La ley debe reconocerla, protegerla y servirla. Antes que cualquier Constitución, antes que cualquier acuerdo parlamentario, antes que cualquier consenso social, existe la persona humana como realidad valiosa en sí misma. Precisamente por eso, los derechos humanos no pueden depender del cálculo político ni de la presión cultural del momento. Su fundamento está en la dignidad que corresponde a todo ser humano por el simple hecho de serlo.
Por eso, resulta tan grave pretender presentar el aborto como un derecho humano. No puede llamarse derecho a la supresión de quien no puede defenderse. No puede invocarse la libertad para eliminar la vida del más débil. No puede hablarse de progreso cuando se abandona al niño no nacido, que es precisamente la vida humana más frágil, más vulnerable y necesitada de protección.
León XIV lo planteó con serena firmeza y gran valentía en el seno del Congreso español, el mismo Congreso donde hoy se discute convertir el aborto en un derecho constitucional: la defensa de la vida no es una cuestión parcial ni un interés confesional, sino “una meta de civilización”. Una sociedad se mide moralmente por la forma en que trata a quienes no tienen voz, poder ni capacidad de defenderse. Y no hay ser humano más indefenso que aquel que se desarrolla en el vientre de su madre.
Cuando la vida deja de reconocerse como valor fundamental, los primeros sacrificados son siempre los más débiles: el no nacido, el enfermo, el anciano, la persona con discapacidad, el dependiente, el que sufre en silencio. Entonces, la ley pierde su sentido más profundo, porque en lugar de servir y proteger a la persona, termina legitimando su exclusión.
Combatir el aborto no es negar el drama de muchas mujeres ni desconocer situaciones humanas dolorosas. Es afirmar que ninguna dificultad se resuelve eliminando una vida inocente. La respuesta verdaderamente humana debe ser acompañar, sostener, proteger, ayudar y ofrecer alternativas reales. Defender al niño no nacido exige también cuidar a la madre, fortalecer a la familia y construir una cultura donde toda vida sea recibida como un bien, no descartada como un problema.
La grandeza moral de una nación no se demuestra en la sofisticación de sus discursos, sino en su capacidad de custodiar la vida allí donde aparece más frágil.
Por eso, proteger la vida desde la concepción no es una posición extrema. Es la primera exigencia de la justicia, la raíz de los derechos humanos y el fundamento de toda sociedad verdaderamente digna.
Alex Solís Fallas es abogado constitucionalista y fue contralor general de la República.
