EscucharLa presentación del proyecto de presupuesto para el año 2016 que hará el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en el primer día hábil de setiembre no es una cuestión menor ni se hará en un contexto ordinario.
El país está en una situación difícil y el próximo año será aún más complicado.
Según las previsiones del Banco Central, en el 2016 el crecimiento de la economía será de los más bajos de los últimos años, el déficit fiscal será de los más elevados y las exportaciones mantendrán su tendencia a la desaceleración.
Un mayor déficit requerirá más endeudamiento, lo cual presionará el mercado local del dinero y encarecerá el crédito para empresas y personas. Esto se traducirá en más desempleo y pobreza.
En ese contexto, un proyecto de presupuesto mal concebido para el 2016 podría convertirse en el elefante de la cristalería que es, hoy por hoy, la economía costarricense, que está pegada con alfileres y a punto de venirse al suelo.
El país no puede darse el dudoso lujo de un estropicio similar al que fue el presupuesto del 2015.
Petición. Como ciudadana, diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, creo oportuno hacer una instancia pública al presidente de la República y a las autoridades de Hacienda: hagan lo que sea necesario para que el plan de gastos del 2016 sea elaborado con prudencia, responsabilidad y rigurosa disciplina y austeridad. Lo que hicieron en el 2015 no debe repetirse en el 2016.
Un presupuesto conservador y austero en el próximo año no resolverá los problemas fiscales, pero enviará la buena señal de haber tomado conciencia de que, efectivamente, no era lo mismo verla venir que bailar con ella. Ya han tenido tiempo de sobra para descubrirlo.
Al formular dicho presupuesto, deben tener en cuenta que, seguramente, no contarán con los nuevos impuestos solicitados. Lo cierto es que hasta tanto no se aprueban los proyectos vinculados al gasto estructural –salarios, pensiones, convenciones y exoneraciones– no habrá nuevos tributos.
De manera que deben calcular los ingresos de forma razonable y seria, y no construir castillos de arena con dinero fresco que no percibirán todavía.
Esta ubicación en la realidad de los ingresos –en el contexto de una economía desacelerada– debe aplicarse también en el caso de los egresos que habrán de presupuestar. Los cálculos deben efectuarse con la plena conciencia de quien sabe que no podrá hacer chocolate sin cacao. Más cacao no habrá por ahora.
El Ejecutivo no deberá conformarse con hacer bien su trabajo con respecto al presupuesto del Gobierno central para el 2016. Deberá extender esta política de rigurosa austeridad a las instituciones descentralizadas.
Mediante una directriz, debería indicar que el presupuesto de las autónomas y otras empresas públicas no debe excederse del monto de la inflación acumulada a agosto del 2015. Es hora de amarrarse la faja en todos lados y no solo en el Gobierno central.
La situación se agrava aún más si a estas alturas, cuando faltan tan pocos días para la presentación del presupuesto 2016, no ha habido información sobre el plan y mucho menos una sesión de trabajo con autoridades del Gobierno.
Un presupuesto público austero, ordenado y con disciplina –incluido el sector descentralizado– nos daría el tiempo necesario para acometer las reformas legales en materia de gasto público y mejora en la recaudación mediante las leyes de control de fraude y lucha contra el contrabando. Enmiendas que nos permitirán evitar que el elefante arrase con toda la cristalería.
Lo contrario resultaría en un elefantiásico desastre.
Rosibel Ramos es diputada por el Partido Unidad Social Cristiana.
