Preguntas sobre el comercio ilícito de cigarrillos: ¡urgen las respuestas!

Hay obligaciones legales claras: la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley N.° 9028) establece que el Ministerio de Salud debe fiscalizar, decomisar productos ilegales y clausurar locales reincidentes; las municipalidades, además, tienen la responsabilidad de colaborar en la fiscalización y pueden retirar la patente al comercio reincidente; asimismo, el Ministerio de Hacienda debe fortalecer el control tributario y aduanero para combatir el contrabando y el comercio ilícito.

El mencionado reportaje muestra que, a pesar de la identificación de puntos de venta ilegales y decomisos recurrentes por parte de la Policía Municipal de San José, muchos comercios siguen operando sin sanciones efectivas: no se les retira la patente ni se ejecutan clausuras, a pesar de la evidencia pública y las denuncias ciudadanas.

Uno de los hallazgos del estudio realizado por la UNA, en conjunto con Renata y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), indica que el 31,3% de los cigarrillos consumidos en la GAM provienen del comercio ilícito, y es importante señalar la detección de un fenómeno preocupante: en los puntos de venta de cigarrillos ilícitos también se están comercializando cigarrillos legales. Esto significa que comercios y vendedores informales, además de ofrecer productos de contrabando, venden marcas autorizadas, lo que dificulta la fiscalización y pone en evidencia la falta de controles efectivos en la cadena de distribución.

Preguntas que merecen respuesta

En Renata, tenemos preguntas claves para las autoridades desde hace más de nueve años:

• ¿Por qué, si los comercios ilegítimos están identificados, no se procede a su cierre y al retiro de patentes como lo demanda la ley?
• ¿Por qué no se han fortalecido los controles aduaneros y las herramientas de trazabilidad fiscal, a pesar de contar con fondos de la Ley 9028 que podrían destinarse a un convenio entre Salud y Hacienda para implementar el Protocolo de la OMS para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que exige la implementación de sistemas de trazabilidad y control aduanero y ratificado por Costa Rica desde el año 2016?
• ¿Por qué se está limitando la capacidad de respuesta ante el contrabando y la evasión fiscal si el citado protocolo lo exige?
• ¿Qué acciones se tomarán para evitar que los productos legales terminen en canales ilícitos y sean vendidos junto con productos de contrabando?
• ¿Por qué la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito, integrada por Hacienda, Salud, Seguridad Pública, MEIC, Justicia y Paz, Aduanas, Policía de Control Fiscal, ICD, Fiscalía Adjunta y representantes del sector privado de las Cámara de Comercio de Costa Rica, Amcham y Uccaep, no apoya la ejecución del protocolo de la OMS, ni ha promovido la firma de convenios interinstitucionales que permitan utilizar los fondos de la Ley 9028 para implementar sistemas de trazabilidad y control, como lo exige el compromiso internacional asumido por Costa Rica, a pesar de estar conformada por los principales actores responsables del control y fiscalización?

¿Qué solicitamos para la salud pública?

Como asociación sin fines de lucro, que vela por la salud pública del país al tratar de que se controle el consumo de tabaco y nicotina, solicitamos que las instituciones responsables puedan cumplir con:

• La Ley 9028: Salud y municipalidades deben ejercer su autoridad para fiscalizar, decomisar y clausurar locales reincidentes, retirando patentes a los que incumplan la normativa.
• Coordinación interinstitucional: se puede establecer un convenio entre Salud y Hacienda, utilizando fondos de la Ley 9028, para implementar el Protocolo de la OMS y los sistemas de trazabilidad o track & trace.
• El compromiso real de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito. La Comisión debe asumir su responsabilidad y priorizar la ejecución del protocolo internacional.
• El fortalecimiento de controles aduaneros y de distribución: Hacienda debe priorizar la implementación de tecnologías y sistemas de control en frontera y en la cadena de distribución para evitar que productos legales terminen en el comercio ilícito.

El comercio ilícito de cigarrillos en Costa Rica representa un desafío concreto para la salud pública, la recaudación fiscal y la seguridad ciudadana. La detección de cigarrillos legales en el mercado ilícito refuerza la necesidad de controles más estrictos y de una acción institucional coordinada.

La acción institucional efectiva es indispensable para garantizar el cumplimiento de la ley de control del tabaco, el bienestar de la ciudadanía y mejorar las finanzas del Estado.

info@rednacionalantitabaco.com

Nydia Amador Brenes es médica y salubrista; se desempeña como presidenta de la Red Nacional Antitabaco (Renata).