EscucharLa nueva política migratoria de Estados Unidos ha inundado los medios de comunicación con imágenes de detenciones de indocumentados, lo que ha sumido a la sociedad estadounidense en un clima de gran polarización y enfrentamiento. Mientras una parte de la ciudadanía alega que se está atajando un problema de seguridad, otros aducen que se están justificando masivas vulneraciones de los derechos humanos.
En situaciones así, es importante tratar de realizar un análisis comprometido, fuera del sensacionalismo de los titulares y con todo el apoyo posible de los datos existentes.
No puede dudarse de que la nueva presidencia de Donald Trump ha implementado un cambio de timón en la política migratoria del país, con políticas como la declaración de emergencia nacional en la frontera sur con México, la finalización del sistema de solicitud migratoria CPB-One, la restricción de la ciudadanía estadounidense para hijos de extranjeros indocumentados, la reactivación de los Migrant Protection Protocols (MPP), el fortalecimiento del Immigration and Customs Enforcement (ICE) o la mayor facilidad de deportar a migrantes acusados de crímenes.
Estas medidas internas se han complementado con una redefinición de la estrategia hacia los “países emisores” y los “países de tránsito” en las rutas migratorias, presionándolos para que dificulten el paso de los migrantes a través de su territorio, acepten las deportaciones de sus nacionales y colaboren con las cadenas de retorno voluntario.
Así, países como México, El Salvador, Panamá o Costa Rica han comenzado a involucrarse, ya fuera de manera voluntaria o por temor a la imposición de aranceles o la reducción de los fondos de USAID.
Uno de los primeros efectos que han tenido estas políticas ha sido la reducción de los flujos migratorios en el sur de México, probablemente debido a las mayores dificultades para desplazarse por los países de tránsito, la militarización de la frontera sur de EE. UU. y la paralización de los procesos de solicitud de asilo.
Según los datos del U. S. Custom and Border Patrol, hubo una notable reducción en encuentros de migrantes en la frontera sur, que pasaron de 176.195, en enero de 2024, a 61.465, en enero de 2025.
Del mismo modo, un ICE fortalecido y con el respaldo de la Presidencia, ha aumentado significativamente el número de detenciones de migrantes indocumentados en el país, incluyendo zonas públicas y emplazamientos por los que los migrantes se habían desplazado libremente en el pasado. En este sentido, la Homeland Security Secretary recientemente reportó un incremento del 627% en las detenciones de migrantes en situación irregular.
Si bien este dato es equívoco, ya que solo contabiliza los arrestos “en la comunidad” (at-large arrests) y no incluye otras formas de detención, sigue reflejando un aumento en la actividad de la agencia.
Por todo lo anterior, parece evidente que la política migratoria implementada por el gobierno estadounidense ha conseguido frenar los flujos migratorios hacia el interior del país. Sin embargo, hay indicios que invitan a dudar sobre la sostenibilidad de esta tendencia en el medio plazo.
En primer lugar, porque, hasta la fecha, Estados Unidos ha bloqueado la frontera sur, lo que ha generado críticas por vulnerar el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiado, considerado un pilar fundamental del derecho internacional humanitario. De hecho, el gobierno ya ha declarado que buscan recuperar los Migrant Protection Protocols, conocidos como el programa “Quédate en México”, que permitiría a los migrantes tramitar la solicitud de asilo desde México.
Cuando esto suceda, es muy probable que los migrantes que actualmente se encuentran en México (muchos de los cuales han solicitado protección en México para estabilizarse) vuelvan a acercarse a la frontera y los flujos migratorios regresen a sus números anteriores.
En segundo lugar, según el U. S. Department of Homeland Security, el primer mes de presidencia de Donald Trump mostró una reducción en deportaciones, en comparación con el fin de la presidencia de Joe Biden. Si bien es demasiado pronto para sacar conclusiones, es posible que el gobierno esté encontrando problemas para llevar adelante una política migratoria más estricta, bien sea por la resistencia de jueces a procedimientos expeditivos que vulneren derechos humanos; por los propios actores económicos, que se verán afectados por la reducción de mano de obra; o por la existencia de las llamadas "sanctuary cities", que históricamente han limitado la colaboración con ICE, dificultando su accionar.
Por todo ello, puede concluirse que, aunque en los primeros meses de la presidencia de Donald Trump se ha observado una reducción de la migración irregular, esta se ha fundamentado en un excepcionalismo que es muy poco probable que pueda mantenerse en el medio plazo. Además, comienzan a evidenciarse fracturas en estas políticas, que, aunque han mostrado resultados iniciales, abordan de manera simplista una problemática de gran profundidad social y humana.
Miguel Paradela López es profesor colaborador asistente en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.
