Escuchar
En el marco de la conmemoración del Día de la Democracia Costarricense, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la independencia, la transparencia y el servicio a las personas como base esencial del Estado de derecho.
La democracia no se sostiene solo con leyes, elecciones o discursos. Se sostiene con instituciones que actúan con responsabilidad, transparencia y valentía. Entre ellas, el Poder Judicial cumple una función esencial: administrar justicia y garantizar los derechos de todas las personas, sin distinción.
LEA MÁS: Aprendamos del pacto que contuvo la violencia en Costa Rica hace más de 100 años
En una democracia, el Poder Judicial es el espacio donde la ley se convierte en justicia y donde la ciudadanía encuentra amparo frente a los abusos del poder. Es el contrapeso que impide la arbitrariedad y asegura que, en todos los ámbitos –tanto públicos como privados– se respete la Constitución, la legalidad y la dignidad humana. Esa labor exige actuar sin temor ni presiones, con plena autonomía e independencia. Solo así puede existir una administración de justicia imparcial, equitativa y confiable.
La independencia judicial no es un privilegio de jueces o magistrados; es una garantía para la sociedad. Gracias a ella, las personas pueden acudir a los tribunales con la certeza de que su caso será resuelto con objetividad, sin influencias externas ni intereses particulares. Defender esa independencia es, por tanto, defender la libertad y los derechos de todos.
No solo resolver conflictos
El Poder Judicial costarricense ha asumido con compromiso su papel como pilar de la democracia. No se limita a resolver conflictos, sino que promueve principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración, entendiendo que la justicia no puede ser un espacio cerrado, alejado de las personas a las que sirve. Abrir las puertas del sistema judicial a la ciudadanía fortalece la confianza, permite rendir cuentas y acerca la justicia a las personas, especialmente a quienes más la necesitan.
Desde hace años, se impulsa una justicia abierta y cercana, que escucha y pone a las personas en el centro de sus decisiones. Los procesos de modernización, digitalización y fortalecimiento de la resolución alterna de conflictos, así como la justicia restaurativa, forman parte de ese esfuerzo. Son expresiones de una convicción: el Poder Judicial debe ser ejemplo de integridad, pero también de empatía.
Sabemos, sin embargo, que enfrentamos retos y limitaciones reales. Reconocemos que el rezago judicial afecta a las personas que buscan respuesta a sus conflictos y que detrás de cada expediente hay una historia humana que espera justicia. No desconocemos esas falencias: las asumimos con humildad y con la responsabilidad de mejorarlas. Con recursos limitados, pero con un compromiso profundo, avanzamos en fortalecer los procesos, simplificar trámites, innovar y hacer un uso más eficiente de las herramientas disponibles.
Cada paso, por pequeño que sea, busca aliviar esa carga y acercar la justicia a tiempo.
Por eso, el Poder Judicial acepta la crítica, porque la crítica constructiva fortalece y no debilita. La asumimos con madurez, conscientes de que la confianza ciudadana se gana cada día con trabajo serio, decisiones justas y rendición de cuentas.
Actuamos con independencia y firmeza, sin temor, pero también con la capacidad de mirarnos hacia adentro. Somos una institución que evalúa, corrige y aprende. Esa autocrítica es señal de madurez democrática: no hay democracia sólida sin instituciones que se examinen a sí mismas y busquen mejorar.
En tiempos de incertidumbre y cambio, cuando las democracias enfrentan tensiones, el Poder Judicial reafirma su compromiso con el Estado de derecho. Proteger la independencia judicial es proteger el alma misma de la democracia. Allí donde un juez puede decidir con libertad, sin amenazas ni interferencias, la ciudadanía puede vivir con seguridad y esperanza.
La justicia no es solo una función del Estado: es una promesa que el país se hace a sí mismo. Una promesa de respeto, igualdad y libertad. Cumplirla es nuestra mayor responsabilidad y también nuestro mayor orgullo.
Gerardo Rubén Alfaro Vargas es magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
