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En un mundo altamente tecnológico como el actual, el uso del teléfono celular se ha convertido en parte fundamental de nuestra vida. Con él, tenemos acceso inmediato a bienes y servicios y, probablemente, guardamos más información privada que en cualquier documento oficial.
El teléfono es de uso íntimo. Por ello, guardamos conversaciones, fotografías, contactos, notas e imágenes de asuntos familiares, información financiera y conversaciones. Es decir, en buena medida, es el archivo de nuestra vida y confiamos en que continúe en ese nivel de privacidad.
Por eso, debemos tomar en serio lo que está ocurriendo. Recientemente, el gobierno anunció su pretensión de usar tecnología desarrollada en Israel (vinculada con el Mossad) para combatir la evasión fiscal y el contrabando. El Ministerio de Hacienda dijo que explora opciones, aunque no ha decidido.
No nos dicen si es el software que se llama Pegasus –como sí lo afirmó una diputada oficialista–, pero se admite que se trata de una tecnología que funciona igual que Pegasus. Es decir, sería una herramienta para espiar y cuyo historial se asocia con gobiernos autoritarios y regímenes represivos de la región y del mundo. Estos lo han utilizado para vigilar permanentemente a periodistas, activistas y opositores políticos.
Pegasus es un software espía, capaz –en determinadas circunstancias– de infiltrarse en teléfonos y extraer información, acceder a comunicaciones, ubicación, archivos y otros contenidos, e incluso activar funciones del dispositivo.
En este momento, no está confirmado que Costa Rica vaya a comprar Pegasus, pero la intención es manifiesta.
Entonces, la discusión debe ser mucho más amplia y habría que preguntarse: ¿qué puede hacer la herramienta que el gobierno pretende adquirir y para qué exactamente la quiere?
Cuando hablamos de tecnología con capacidades como las de Pegasus, la discusión deja de ser técnica y se convierte en una discusión sobre democracia y, sin duda, sobre derechos humanos.
La Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos –entre otros instrumentos normativos internacionales– protegen el derecho a la honra y a la dignidad, de manera que toda persona tiene derecho a que se respete su buen nombre, sin intromisiones arbitrarias en su vida privada y con una debida protección del domicilio y la correspondencia. El Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley para defender a las personas de estos ataques… y no al contrario.
Ello se garantiza, principalmente, a través del derecho a la privacidad, la intimidad y la correspondencia. Hoy, por ejemplo, frente a tecnologías modernas como el rastreo de la ubicación y los datos digitales, la protección se aplica bajo el mismo principio que antes protegía las cartas físicas. Es decir, el derecho a la protección de la ley contra injerencias ilegales sigue intacto y debe hacerse cumplir.
Sabemos que la privacidad no es un derecho absoluto, pero tiene límites claros. Los Estados, por ejemplo, pueden intervenir un teléfono para investigar delitos graves, con la autorización expresa de un juez. Esto busca evitar que la tecnología se use para perseguir a personas inocentes y activistas.
Entonces, si el gobierno de la señora Fernández pretende comprar tecnología para entrar en los teléfonos de la ciudadanía de manera discrecional y como bien le parezca, estaría cruzando una peligrosa línea roja de ilegalidad, propia de un régimen autoritario en el que los derechos fundamentales son una mampara y los equilibrios, apenas una sugerencia.
En Costa Rica hemos visto durante los últimos años un creciente ataque del Poder Ejecutivo a las instituciones democráticas llamadas a ser su contrapeso y controlar su poder, el cual, en democracia, no puede ser absoluto.
En ese contexto, la sola pretensión gubernamental de declarar secreto de Estado la eventual adquisición de un Pegasus o algo similar para vigilar a la ciudadanía en su fuero privado es un atrevimiento peligrosísimo.
Porque, por ejemplo, es nuestro derecho saber qué tecnología se quiere comprar y para qué uso. Además, nos correspondería saber quién es su fabricante, cuánto costará y qué información puede extraer; quién tendrá a cargo operarla; quién autorizará cada intervención; dónde y por cuánto tiempo se almacenarán los datos, y qué autoridad independiente fiscalizará su uso.
Es cierto que la lucha contra la evasión fiscal es legítima y que el combate al contrabando es necesario. Pero la sola idea de instrumentalizar la persecución de delitos para propiciar acciones ilegales que menoscaben la dignidad humana es absolutamente antidemocrática.
Por eso, esta discusión es pública. Nos alcanza a ustedes y a mí. Agudicemos los sentidos y estemos vigilantes para que nadie pretenda manosear nuestra privacidad ni la sagrada libertad del ser costarricense.
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Janice Sandí Morales es diputada de la República.
