EscucharLos costarricenses nos vanagloriábamos, hasta hace poco tiempo, de nuestras diferencias con los demás países de la región, de nuestro otrora pujante desarrollo, de nuestra estabilidad social y política, de nuestra consolidada democracia, de nuestra paz, de ser la Suiza de Centroamérica y el país más feliz del mundo.
Las ventajas comparativas se deterioraron y la realidad es otra: somos uno de los países más desiguales del mundo, no hemos conseguido disminuir sustantivamente las tasas de pobreza y pobreza extrema, los niveles de violencia e inseguridad son similares a los de nuestros vecinos y el ambiente político sufre polarización e intolerancia.
El estudio del Banco Mundial Oportunidades para reducir la pobreza y la desigualdad en Costa Rica indica que el crecimiento económico de la década anterior a la covid-19 no benefició a los pobres, que mientras el PIB per cápita creció casi un 20 %, quienes forman el 40 % inferior de la distribución del ingreso se mantuvieron estables y que, “en contraste, los ingresos de los costarricenses más ricos crecieron y, en consecuencia, la desigualdad, ya elevada, aumentó”.
El estudio afirma que nuestro sistema de asistencia social, básicamente el otorgamiento de pensiones del Régimen No Contributivo, ayudó a evitar un aumento en las tasas de pobreza, por cuanto casi la mitad de estas llegan al decil más pobre y el monto de las pensiones es significativo para estos hogares. Recomienda que el crecimiento económico “debe ser más inclusivo para ayudar a las familias a salir de la pobreza y reducir la desigualdad persistente”.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) concluye que la desigualdad sería mucho mayor de no ser por los servicios de atención médica y educativos, ya que, si bien el coeficiente de Gini es peor que el de otros países latinoamericanos, la distribución del ingreso es más equitativa aquí por los beneficios mencionados.
Sin embargo, la seguridad social y el sistema educativo, nuestros trapitos de dominguear, cimientos de nuestra paz social, enfrentan serios problemas, algunos propios de la gestión de sus estructuras organizacionales y otros, por la falta de una oportuna y adecuada atención de los niveles políticos pertinentes.
En cuanto a la salud, las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) —problema protagonista en las campañas electorales y de la demagogia de los políticos— afectan a miles de asegurados y la solución, pese a las recurrentes promesas de las autoridades, no se vislumbra ni a corto ni a mediano plazo.
Según el informe sobre el estado de la educación del 2021, en este campo el país atraviesa la peor crisis de su historia, porque se desconoce la magnitud del “apagón educativo” y no existen datos confiables sobre lo que aprenden los estudiantes.
Aunque la matrícula en educación primaria es casi total, muchos costarricenses no completan la secundaria, al punto que solo la mitad de la población de 25 a 34 años la finaliza, lo que disminuye sus posibilidades laborales.
La deserción es, de conformidad con los datos, un problema en crecimiento al que debe prestarse especial atención: el año anterior 2.500 alumnos al mes abandonaron las aulas, y en lo que va de este año la cantidad subió a 3.000. A la salud y la educación, pareciera que el gobierno no les da la prioridad que requieren.
En la CCSS, se ha pretendido hacer cambios a la brava y se justifican las arbitrarias decisiones con el argumento de que la institución “está quebrada”, aunque los informes técnicos lo desmienten. Además, el gobierno se resiste a pagar la deuda, lo cual aliviaría en mucho sus finanzas para darle sostenibilidad a los valiosos servicios de salud y pensiones.
Por otro lado, el Ministerio de Educación no presenta una ruta clara para hacer frente a los desafíos en la materia que le corresponde, y sobran los cuestionamientos sobre la idoneidad de la jerarca, por ejemplo, sus desafortunados comentarios sobre el bullying escolar.
Otro de los problemas, tal vez el más dramático, es el de la inseguridad. Vivimos preocupados por el aumento de la criminalidad, por la proliferación de bandas, la penetración del narcotráfico y la violencia que esta actividad conlleva. Los asesinatos por ajuste de cuentas son pan de cada día y las muertes colaterales enlutan hogares que no tienen nada que ver en el asunto.
En la atención de este problema, el gobierno queda debiendo y todo indica que la situación se salió de control, que los esfuerzos son, como indican las estadísticas, insuficientes.
Por si fuera poco, el clima político nacional se ha enrarecido y en la relación de sus actores y en el debate público predomina la confrontación, la descalificación y los discursos de odio, que ponen en peligro nuestro sistema democrático.
Sorprende y me preocupa sobremanera, porque es un mal síntoma que puede desembocar en situaciones políticas indeseadas, que la mayoría de los costarricense aplaudan las manifestaciones de despotismo y autoritarismo del presidente.
Por fortuna, gracias a los pesos y contrapesos de nuestro Estado de derecho y porque los exiguos resultados electorales le otorgaron una fracción legislativa minoritaria, existe freno a un mayor abuso de poder.
Pero el peligro está presente. Si no reaccionamos a tiempo, será imposible recuperar el orgullo que sentíamos antes por nuestro país.
El autor es exembajador.
