El pasado 24 de junio se modificó el Reglamento para la Calidad de Agua Potable en Costa Rica. Desde entonces ha habido mucha crítica a esa modificación, casi toda superficial y, en general, basada en un cambio muy evidente: ahora el reglamento no es tajante con los plaguicidas.
Antes, cuando una muestra de agua presentaba concentraciones de plaguicidas por encima de un valor máximo admisible, se suspendía inmediatamente la distribución de esa agua para consumo humano. Estos valores no eran específicos para cada plaguicida, sino que aplicaban para cualquiera, tal como se hace en los países de la Unión Europea.
Tras la modificación, los valores máximos admisibles que se le aplicaban a los plaguicidas fueron cambiados por valores de alerta, que son más flexibles. Es decir, si se excede un valor de alerta, ya no será necesario suspender de inmediato la distribución de agua, sino que el Ministerio de Salud puede hacer estudios más detallados para determinar si esos límites son demasiado estrictos para los plaguicidas específicos que están presentes en el agua.
¿Por qué habrá decidido el Ministerio de Salud modificar el reglamento? ¿Qué consecuencias podría acarrear esto para la salud pública? ¿Qué nos impide abordar el problema de fondo para conseguir una buena gestión de los plaguicidas?
Metabolitos
Cuando son aplicados sobre el suelo, los plaguicidas se degradan bajo la acción del agua, del oxígeno y de las bacterias. Esto los transforma en unas sustancias llamadas metabolitos, que en algunos casos tienen una toxicidad menor a la del plaguicida del que provienen.
Por esa razón, países como España y Francia hicieron, en sus respectivos reglamentos, aclaraciones que podrían resumirse así: no es necesario contrastar contra el límite máximo admisible las concentraciones de los metabolitos que representan un riesgo bajo para las personas.
Sin embargo, en Costa Rica, el Ministerio de Salud decidió incluir en el reglamento la posibilidad de que todos los plaguicidas, tóxicos o no, pudieran ser sujetos a un análisis más detallado. Esto significa que si una muestra de agua presenta una concentración de plaguicida que excede el valor máximo admisible, el Ministerio de Salud podría considerarla como potable.
Supongo que los europeos han preferido prevenir que lamentar. Prefieren no introducir en el proceso la revisión de evaluaciones complejas porque esto significaría una gran responsabilidad y una cantidad significativa de recursos.
Plaguicidas altamente tóxicos
Después de un largo proceso en que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se opuso rotundamente, en 2023 se logró prohibir el fungicida clorotalonil, responsable del cierre de las fuentes de agua de Cipreses de Oreamuno, en Cartago. Sin embargo, este es solo uno de los plaguicidas altamente tóxicos que son permitidos en el país. A esa lista se suman el Glifosato, el Paraquat, el Bromacil.
Según un estudio de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Costa Rica es el país que utiliza más plaguicidas en todo el mundo: unos 34 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea. El resto de los países de la OCDE utiliza menos de 2 kilogramos.
Los intereses de las empresas distribuidoras y manufactureras deben ser demasiado grandes para que se prohíban fácilmente los plaguicidas más nocivos, a pesar de que existen alternativas menos tóxicas. Además, algunas veces los usuarios y expertos no consideran que este cambio sea necesario porque piensan que podría afectar la productividad.
El deber de supervisar y capacitar
Y no se trata solo de prohibir, sino también de capacitar a los agricultores y monitorear los agroquímicos que utilizan. Sin embargo, a partir de los años 90 del siglo pasado, las mismas empresas distribuidoras o manufactureras brindan esta orientación y no el MAG, como debería ser para garantizar la independencia del criterio técnico.
Finalmente, el hecho de que una sustancia esté prohibida no significa que no se comercialice y se utilice. La OMS señala que, en algunos ríos de Costa Rica, el insecticida Clorpirifos fue uno de los productos más detectados en muestreos de agua de los años 2015 y 2017, a pesar de que fue prohibido desde 2007. Una cosa es prohibir una sustancia y otra es asegurarse de que no se venda.
Como dicen los anglosajones, nos pusimos a arreglar algo que no estaba descompuesto: flexibilizamos el decreto de agua potable cuando convenía adaptarlo, como hicieron en Europa. Por otra parte, queda mucho por hacer para evitar que aparezcan más fuentes de agua contaminada por plaguicidas.
Avanzar en este sentido supone un trabajo concienzudo que comienza por prohibir otros plaguicidas tóxicos, al margen de intereses políticos y comerciales. Después, es necesario monitorear qué se vende y dónde, y educar a quienes trabajan la tierra, incluyendo a los profesionales en el sector, que tienen en sus manos nuestros cultivos y, de paso, nuestra salud.
Emma Tristán es geóloga y directora de la empresa de consultoría en sostenibilidad Futuris Consulting.