En las calles y autopistas de nuestro país se ha consolidado una peligrosa costumbre: la de los motociclistas que circulan entre los carriles habilitados, deslizándose por el estrecho espacio que separa las hileras de vehículos, como si existiera un carril invisible reservado para ellos.
Este “túnel que no existe” se convierte en un pasadizo ilusorio por el que, en muchas ocasiones, los motociclistas avanzan a velocidades considerablemente arriesgadas, generando un riesgo enorme para sí mismos y para los demás.
La Ley de Tránsito N.° 9078 contempla en su artículo 108, inciso f), una excepción que permite a los motociclistas adelantar vehículos por el espacio intermedio entre carriles, únicamente cuando estos se encuentran detenidos y sin superar los 25 kilómetros por hora. Esta norma, concebida como un recurso limitado para aliviar la congestión, ha sido malinterpretada por muchos como un permiso general para avanzar por el centro de los carriles, incluso cuando el tráfico fluye a velocidades medias o altas.
Lo insólito es que, en la práctica, algunos motociclistas pretenden que ese supuesto “túnel” sea respetado e ininterrumpido, y reaccionan con molestia, gestos hostiles e incluso violencia contra los conductores que, de forma legítima, requieren cambiar de carril. Esta expectativa irreal aumenta la tensión vial y convierte cada maniobra en un potencial conflicto.
El problema se agrava porque, en la práctica, resulta terriblemente difícil para los conductores que transitan en sus respectivas hileras cambiar de carril de forma segura cuando, por ese “túnel inexistente”, aparecen motocicletas a gran velocidad. El riesgo de una colisión lateral es evidente, y cualquier maniobra evasiva puede convertirse en un siniestro grave.
Más allá del marco legal, este fenómeno revela un desafío cultural y estructural. La circulación temeraria entre carriles erosiona la confianza entre los usuarios de la vía y socava la noción de responsabilidad compartida. En un país donde los motociclistas representan un porcentaje desproporcionado de las víctimas mortales en carretera, este hábito no es un simple acto de imprudencia individual: es un problema de seguridad pública que requiere una respuesta urgente.
La solución no pasa únicamente por más controles policiales o sanciones más severas, aunque estas son necesarias. Requiere, sobre todo, una estrategia educativa masiva, sostenida y clara, que explique por qué la norma es restrictiva, no permisiva; que muestre con ejemplos reales las consecuencias de ignorarla, y que involucre a todos los actores, desde escuelas de manejo hasta campañas nacionales en medios de comunicación.
Asimismo, es imprescindible repensar el diseño vial y la gestión del tránsito para reducir las condiciones que incentivan esta práctica. Carriles demasiado estrechos, ausencia de infraestructura segura para motociclistas y falta de cultura de anticipación en los conductores son factores que alimentan este riesgo.
Usamos la motocicleta para intentar llegar más rápido y de forma más económica. Esto, a su vez, nos obliga a evaluar nuestro sistema de transporte público para que sea verdaderamente eficiente para los usuarios. Es crucial reducir la exposición a riesgos que hoy parecen inevitables, pero que pueden y deben prevenirse.
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Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.