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Las elecciones ya pasaron. Hubo debates, intercambios, confrontaciones y promesas. Sin embargo, el ambiente, la sostenibilidad y la protección de la naturaleza fueron temas que no ocuparon ningún lugar en la discusión electoral.
No se trata de un tema accesorio ni sectorial. Para un país que ha apostado históricamente por las energías renovables, que sostiene su marca internacional sobre la protección de los recursos naturales y el ecoturismo, resulta una contradicción imperdonable.
Además, la gestión ambiental atraviesa la seguridad hídrica, la producción de alimentos, la salud pública, la planificación del territorio, la prevención de conflictos sociales y la calidad misma de la democracia. Aun así, durante el proceso electoral, estas dimensiones aparecieron de forma marginal o terminaron completamente invisibilizadas: las preguntas sobre economía, seguridad o gobernanza rara vez se conectaron con sus implicaciones ambientales.
Se discutió el crecimiento, pero no los límites ecológicos; se habló de infraestructura, pero no de ordenamiento territorial; se mencionaron crisis climáticas, pero no la fragilidad de los ecosistemas que se violentan por aumentar el PIB. El resultado fue un debate incompleto, que dejó por fuera variables clave para entender los desafíos reales del país.
El problema no fue la falta de insumos. Distintas organizaciones de la sociedad civil, tales como la Red de Juventudes y Cambio Climático y Apreflofas, buscaron facilitar un voto informado, evidenciando qué planteaban quienes aspiraban a gobernar en materia de acción climática, conservación, gobernanza y sostenibilidad; ejercicios valiosos, hechos desde la independencia y el rigor, que contrastaron con la superficialidad con la que el tema ambiental fue tratado en los escenarios más visibles de la campaña.
Cuando el ambiente queda fuera del debate público, no desaparece el problema: desaparece la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre lo común. Porque hablar de ambiente obliga a hablar de límites y de responsabilidades compartidas. Obliga a discutir bajo qué reglas se gestionan bienes que no pertenecen a nadie en particular, pero de los que dependemos todas las personas y que se encuentran en grave peligro.
La campaña terminó, pero los desafíos ambientales permanecen y, si no lograron ocupar un lugar central en la discusión electoral, el reto ahora será mayor: exigir que formen parte de la agenda del Ejecutivo y del Legislativo.
Nos corresponde ahora, como sociedad, llevar a los espacios de decisión política algunas preguntas: ¿seremos en los próximos años un país extractivista o regenerativo? ¿Cuánto presupuesto se destinará a atender la adaptación de las comunidades ante las sequías o inundaciones y de dónde saldrá el dinero? ¿Deberá cambiar la dinámica laboral en el campo y la ciudad debido al aumento en las temperaturas? ¿Crearemos una delegación de alto nivel para que negocie canjes de deuda por protección de la biodiversidad? ¿Cómo se modificará la dinámica de los seguros frente a los desastres climáticos? ¿Cambiará la dieta de los ticos por la escasez de algunos alimentos? ¿Qué leyes se requiere aprobar para combatir el crimen organizado que lucra con nuestras especies o nuestros recursos forestales de las áreas protegidas? ¿Seguirá adelante el proceso de concentración de poder en el Minae? ¿Y los residuos, cómo los eliminamos y convertimos en oportunidades de economía circular?
Si el ambiente, la sostenibilidad, la descarbonización y la protección de los bienes comunes no se convierten en ejes de la conversación nacional, pues entonces no habrá futuro que administrar.
karlachaves@proximacomunicacion.com
Karla Chaves Brenes es comunicadora estratégica y social, y directora regional de Próxima Comunicación.
