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En la antesala de un nuevo proceso electoral, Costa Rica se ve confrontada, una vez más, con una tensión que no es nueva, pero sí particularmente delicada: la frontera entre la libertad religiosa, la actividad política y el respeto al ordenamiento jurídico.
El reciente señalamiento que involucra al Partido Pueblo Soberano y a algunos líderes de iglesias evangélicas protestantes –por el presunto plan de distribuir panfletos en los que se instaba a votar por la candidata Laura Fernández– obliga a una reflexión serena pero firme sobre los riesgos que este tipo de prácticas tienen para la democracia.
Los hechos deben ser debidamente investigados por las autoridades competentes. En un Estado de derecho, no corresponde condenar sin pruebas ni adelantar juicios. Sin embargo, incluso antes de que se establezcan responsabilidades formales, el episodio ya plantea un problema de fondo: la instrumentalización de espacios de fe para orientar el voto de comunidades creyentes, en abierta tensión con las normas que regulan la beligerancia política de organizaciones religiosas.
La legislación costarricense es clara en este punto y responde a una lógica democrática elemental. No se busca restringir la libertad de culto ni negar a los líderes religiosos su condición de ciudadanos con opiniones políticas.
El límite aparece cuando la autoridad espiritual se utiliza como palanca para incidir directamente en la voluntad electoral de los fieles, aprovechando relaciones de confianza y obediencia que no son equivalentes a las de un debate político abierto y plural.
Resulta pertinente preguntarse por qué este tipo de situaciones parece darse con mayor frecuencia en ciertos sectores de las iglesias evangélicas protestantes. Una explicación plausible reside en su estructura organizativa.
A diferencia de la Iglesia católica, caracterizada por una jerarquía vertical y por mecanismos institucionales de control relativamente definidos, muchas iglesias evangélicas operan de manera más horizontal, con un alto grado de autonomía local. El pastor no solo cumple funciones espirituales, sino que suele concentrar liderazgo moral, organizativo y comunicacional dentro de su congregación.
Esta cercanía puede fortalecer la vida comunitaria, pero también facilita la circulación de mensajes políticos sin contrapesos internos claros. En ausencia de instancias superiores con capacidad real de supervisión, la línea entre orientación ética y proselitismo partidario puede desdibujarse con rapidez. En ese contexto, la desinformación encuentra un terreno fértil, amplificada por la confianza personal y por discursos que apelan más a la emoción que a la deliberación racional.
La experiencia internacional ofrece lecciones que Costa Rica haría bien en no ignorar. En Estados Unidos, el alineamiento de amplios sectores del evangelismo protestante con Donald Trump mostró hasta qué punto la fe puede convertirse en un factor de polarización política extrema.
El respaldo explícito desde púlpitos y organizaciones religiosas contribuyó a consolidar identidades políticas rígidas, a normalizar la desinformación y a erosionar la distinción entre convicción religiosa y lealtad partidaria.
Cuando la política se sacraliza y la fe se politiza, el espacio democrático se empobrece. Disentir deja de ser un derecho y pasa a interpretarse como una falta moral. Ese es un camino peligroso, especialmente para sociedades que, como la costarricense, han construido su estabilidad sobre la base del pluralismo, la tolerancia y el respeto a las reglas del juego.
Más allá de las eventuales sanciones que puedan derivarse del caso actual, el verdadero desafío es cultural e institucional.
Preservar una separación clara entre las creencias religiosas y la competencia electoral no es un acto de hostilidad hacia la fe, sino una condición necesaria para proteger tanto la libertad religiosa como la integridad del sistema democrático. En ese equilibrio, siempre frágil, se juega una parte sustantiva del futuro cívico del país.
Ronny De Greef Acevedo es economista y analista.
