Escuchar
De acuerdo con un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), la cantidad de asentamientos informales continúa creciendo en Costa Rica. En la actualidad, se registran 576 asentamientos de este tipo, lo que representa un aumento del 50% en comparación con lo reportado en 2013.
Según los datos de la CGR, estos asentamientos están ubicados en 61 cantones y distribuidos de la siguiente forma: dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), se contabilizan 278 (el 48%), mientras que fuera de la GAM existen 298 (el 52%).
Esta precariedad habitacional y la exclusión social ya afectan a 64.128 hogares costarricenses. Un ejemplo de esta realidad es Los Huevitos, un asentamiento o precario donde viven más de 250 familias, ubicado en Río Segundo de Alajuela, cerca del aeropuerto internacional Juan Santamaría.
En total, más de 1.500 personas comparten su vida en viviendas muy humildes –muchas de ellas tipo rancho– marcadas por el hacinamiento, la falta de servicios esenciales, la exclusión social y los riesgos constantes ante eventos climáticos o incendios a los que están expuestas diariamente.
Aunque, desde hace 10 años, sus habitantes lograron acceder al suministro de agua potable, este avance no ha sido suficiente para mejorar de forma integral sus condiciones de vida.
La Contraloría señala que los precarios en el país siguen siendo una realidad poco atendida por las instituciones públicas, a pesar de que, históricamente, miles de personas –particularmente en condición de vulnerabilidad– habitan en ellos. “Este fenómeno, que continúa en aumento, propicia importantes repercusiones sociales, económicas, ambientales y fiscales, y representa un desafío cada vez mayor en su prevención y atención”.
Si bien el nivel de pobreza general ha disminuido en un 2%, en el caso de la pobreza extrema no ha habido una variación significativa. Una de las causas que explica el incremento de los precarios es la falta de claridad de muchas municipalidades sobre la existencia, características y ubicación de estos asentamientos, lo que repercute directamente en su capacidad para identificar, clasificar y comprender el problema dentro de sus territorios.
A esto se suma que el sector público carece de una base de datos actualizada y bien estructurada sobre los precarios, lo que limita una intervención adecuada y oportuna ante esta problemática.
pollux@ice.co.cr
Bernal Monge Pacheco es consultor externo.
