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Durante más de ocho décadas, he visto a Costa Rica sostener, con madurez y serenidad, un modelo democrático respetado a nivel internacional. Nuestro país ha construido un prestigio único gracias a dos pilares fundamentales: la solidez de sus instituciones internas –en especial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)– y la prudencia de su política exterior.
Un embajador no habla a título personal; habla en nombre de la República. Por esa razón, he observado con preocupación las declaraciones emitidas el pasado 20 de noviembre, según las fuentes del gobierno, por nuestra embajadora en Washington, la señora Catalina Crespo, durante su conversación privada con un congresista estadounidense, de quien ya se conoce alguna cercanía con nuestro presidente.
Justamente este miércoles 10, ante los diputados de la Comisión legislativa de Relaciones Internacionales, el canciller de la República, Arnoldo André, manifestó que “no podía avalar” tales declaraciones.
No pretendo aquí descalificar a nadie, pero sí reflexionar sobre la importancia del contexto, la precisión y la responsabilidad en la comunicación internacional.
Deseo también recordar que la señora embajadora ejerció anteriormente el cargo de defensora de los Habitantes, una función orientada a proteger los derechos de la ciudadanía y velar por la transparencia institucional. Resulta, por ello, especialmente inquietante que ahora, desde un puesto aún más estratégico, se haya transmitido al exterior una narrativa que, lejos de resguardar a la población costarricense, pudiera interpretarse como un mensaje alarmista o desproporcionado sobre la estabilidad del país. Esa contradicción merece ser señalada, pues afecta no solo la confianza interna, sino también la imagen que Costa Rica proyecta al mundo.
Expresiones que sugieren intentos de “derrocar” o “sacar del poder” a un presidente no corresponden a la situación constitucional que vive hoy Costa Rica. Nuestro país no enfrenta una crisis institucional. Enfrenta un procedimiento normal previsto por la ley: un eventual levantamiento del fuero presidencial, supervisado por órganos plenamente competentes, entre ellos la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuya trayectoria, independencia y autoridad han sido ejemplo para el mundo durante décadas.
Hubiera deseado que la información transmitida reflejara con claridad esta realidad. Porque, en diplomacia, además de lo que se informa, importan el destinatario, el contexto y la forma en que un mensaje puede ser interpretado. Un congresista extranjero recibe nuestras palabras desde su propio marco y afinidades políticas y, por tanto, el mensaje debe ser especialmente cuidadoso y equilibrado.
Esta reflexión no recae únicamente sobre la embajadora, sino también sobre quienes orientan o facilitan la narrativa que ella comunica, porque las instrucciones deben estar siempre alineadas con los hechos, con la Constitución y con el interés supremo de proteger el buen nombre de Costa Rica.
Nuestra institucionalidad –con el TSE como una de sus columnas vertebrales– ha sido garante de estabilidad durante generaciones. No debemos comprometerla con afirmaciones que distorsionen su funcionamiento o que presenten ante el mundo un país en tensión cuando, en realidad, nuestras instituciones están simplemente cumpliendo con su deber.
A mis 82 años, no escribo estas líneas desde la crítica política, sino desde la responsabilidad cívica. Mi aspiración es sencilla: que nuestras comunicaciones hacia el exterior reflejen fielmente la fortaleza de nuestro Estado de derecho, la madurez de nuestro sistema democrático y el prestigio de nuestras instituciones, especialmente del TSE, guardián imparcial de nuestra vida electoral y símbolo de confianza para toda la ciudadanía.
Costa Rica merece ser representada con exactitud, equilibrio y respeto profundo por su institucionalidad. Ese ha sido nuestro mayor patrimonio democrático, del que todos estamos orgullosos.
jaime.feinzaig@icloud.com
Jaime Feinzaig es exembajador de Costa Rica en Italia.
