Al asumir la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la prestigiosa jueza costarricense Nancy Hernández hizo un vehemente llamamiento a no olvidar a los presos políticos ni la represión que sufren diversos sectores de la sociedad nicaragüense.
Es una triste realidad que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo supera con creces la crueldad de los nefastos tiempos en los que la familia Somoza ejerció el poder en Nicaragua.
Un régimen ilegítimo y despótico que persigue, encarcela y destierra a los disidentes políticos, que ejecuta actos intimidatorios y arbitrarios contra sacerdotes y obispos católicos, que actúa con opresión y violencia contra estudiantes, indígenas y campesinos, debería ser repudiado y sancionado por la comunidad internacional.
En el 2018, las protestas contra el gobierno de la pareja Ortega y Murillo fueron reprimidas con violencia, y aproximadamente 300 personas murieron. Desde entonces, el régimen ha cerrado más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, incluida la Cruz Roja, y confiscado sus bienes.
Los frecuentes desmanes de la pareja gobernante y sus constantes atropellos a los derechos humanos gozan de la impunidad que les concede el dominio absoluto que tienen sobre las instituciones llamadas a ejercer el control político y legal en ese país, es decir, a la inexistencia de los pesos y contrapesos propios de una verdadera democracia.
Por otro lado, su permanencia y consolidación en el poder se debe no solo al desmantelamiento de la oposición política y al control absoluto de todo el aparato estatal, sino también a la indiferencia y pasividad de la comunidad internacional.
Se requiere mayor proactividad de los organismos multilaterales de la región y de las democracias del continente, así como acciones y no solo retórica, para evitar los afanes de perpetuidad de ese nefasto régimen y para que el pueblo nicaragüense pueda superar esta fatídica etapa de su infortunada historia.
Al respecto, la nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que “se requieren la fuerza y la acción colectiva de la comunidad internacional, sobre todo, el respaldo de la región, cuyo crecimiento y desarrollo descansan sobre la base de los derechos humanos” que defienden.
Sería conveniente que el gobierno de la República atendiera el llamado de la jueza Nancy Hernández y asumiera el liderazgo ante la comunidad internacional para detener el desenfreno e irrespeto a los derechos humanos del régimen y para definir acciones con vistas a instaurar un sistema democrático en Nicaragua.
Nuestra tradición y nuestro prestigio en el concierto de las naciones nos obligan.
El autor es exembajador.