Con un llamado a mantener viva la voz de los presos políticos de Nicaragua, la jueza costarricense Nancy Hernández López asumió este lunes la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por un plazo de dos años.
“El mensaje debe ser claro, el poder debe ser un medio para servir y no para oprimir”, expresó.
La jueza internacional pidió que la violencia política en el país vecino no pase disimulada y que las víctimas no sean olvidadas. Mencionó la represión que sufren estudiantes, campesinos, indígenas, sacerdotes, obispos y disidentes en general.
Asimismo, abogó por que los Estados de la región se mantengan firmes “ante estas atrocidades”.
“Esta Corte ha cumplido su parte y ha actuado con firmeza en el ejercicio de sus competencias, pero se requiere la fuerza y acción colectiva de la comunidad internacional, sobre todo, el respaldo de la región cuyo crecimiento y desarrollo descansa sobre la base de los derechos humanos que defendemos”, indicó.
En noviembre del 2022, la Corte IDH declaró a Nicaragua en “desacato permanente”, por incumplir las resoluciones emitidas por el tribunal, desde junio del 2021, en favor de 46 opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega. Los jueces ordenaron la liberación de los detenidos, pero Managua no obedeció el mandato.
Si bien el tribunal informó de la situación al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el mes de marzo del 2023, este no adoptó algún acuerdo al respecto y se limitó a tomar nota de lo expresado por el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique.
Según explicó el magistrado Pérez Manrique en esa ocasión, cuando el tribunal interamericano encuentra a un Estado en desacato permanente, como es el caso de Nicaragua, el tribunal culmina su intervención y el camino que determina la Convención Interamericana de Derechos Humanos es ponerlo en conocimiento de los organismos de la OEA.
Esto supone un nuevo reto para el continente, ya que Nicaragua abandonó la OEA desde el 19 de noviembre del año anterior, después de una espera de dos años para concretar el proceso.
En el 2021, el gobierno de Daniel Ortega acusó a la organización hemisférica de ser “injerencista” y “subordinada” a Estados Unidos, en protesta por la negativa del organismo a reconocer las elecciones de 2021, donde Ortega fue reelegido con rivales en la cárcel o en el exilio.
El gobierno nicaragüense también ha cerrado 3.000 organizaciones no gubernamentales desde que endureció sus leyes en respuesta a las protestas de 2018 contra el gobierno. Estos disturbios, que duraron tres meses y desembocaron en bloqueos de calles y enfrentamientos entre opositores y oficialistas, dejaron más de 300 muertos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El gobierno alega que algunas de estas organizaciones financiaron las manifestaciones del 2018, consideradas por Ortega como un intento de golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos.
Medios opositores señalan que, desde el 2018, más de 30 sacerdotes de diferentes órdenes salieron al exilio, 20 fueron desterrados, y a otros 24 se les negó el reingreso al país.
Hernández asumió la presidencia de la Corte IDH a partir del 1.° de enero del 2024, cargo que mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2025. Fue electa el pasado 28 de noviembre.
Ella es la tercera mujer en presidir el tribunal en su historia. La exmagistrada de la Sala Constitucional ha dedicado su carrera de más de 30 años a la promoción, educación y defensa de los derechos humanos.
Tres costarricenses han ejercido la presidencia: Nancy Hernández, Elizabeth Odio y Rodolfo Piza Escalante.
De igual forma, el juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch, asumió este lunes la vicepresidencia del alto tribunal.