Gobierno de Nicaragua cierra orden de frailes franciscanos
El gobierno de Nicaragua canceló también la personalidad jurídica de 16 organizaciones no gubernamentales relacionadas con iglesias católicas y evangélicas
Daniel Ortega y Rosario Murillo proponen instaurar una copresidencia en Nicaragua, un hecho sin parangón en la política mundial. JAIRO CAJINA
Managua. El gobierno de Nicaragua revocó la personalidad jurídica y confiscó los activos de la orden de los Frailes Menores Franciscanos y de 16 organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales están vinculadas a iglesias católicas y evangélicas. Esta medida se justifica en la supuesta omisión de informar sobre el origen de su financiamiento.
Tanto la orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís como las 16 asociaciones y fundaciones incumplieron las normativas que requerían la presentación de informes financieros, la divulgación de sus juntas directivas, el desglose de las donaciones recibidas y la identificación de sus donantes. Esto, según una resolución emitida por el Ministerio de Gobernación (Interior).
Esta decisión, que se publicó en el diario oficial La Gaceta, dispone que los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones canceladas pasarán a manos del Estado de acuerdo con la legislación vigente.
Cabe mencionar que en agosto pasado, el gobierno nicaragüense canceló la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús y confiscado la Universidad Jesuita de Managua, bajo acusaciones de “terrorismo”.
Asimismo, se incautó de una residencia para sacerdotes que se encuentra cerca del campus.
Daniel Ortega Desde las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, el país clausuró más de 3,000 ONGs, como parte de un endurecimiento de las leyes gubernamentales tras dichas protestas, que resultaron en más de 300 muertes según cifras de la ONU. (YAMIL LAGE/AFP)
Nicaragua cerró más de 3,000 organizaciones no gubernamentales desde que endureció sus leyes en respuesta a las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega. Estos disturbios, que duraron tres meses y desembocaron en bloqueos de calles y enfrentamientos entre opositores y oficialistas, dejaron más de 300 muertos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante esas protestas, la relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró notablemente. El presidente Ortega consideró los eventos como un intento de golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos, postura que fue respaldada por la Unión Europea y otros países que denunciaron una represión violenta contra los opositores.
Como consecuencia de estas tensiones, varios religiosos fueron instados a abandonar el país, y la semana pasada, 12 sacerdotes fueron enviados a Roma tras ser excarcelados.
No obstante, el obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del gobierno, permanece en prisión desde febrero, condenado a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.
Medios opositores informaron que el Ministerio de Educación y agentes de la policía tomaron posesión de manera abrupta este martes de las instalaciones del Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la ciudad de Matagalpa, al norte de Managua. Este instituto estaba bajo la administración de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís y tenía una presencia en Nicaragua de aproximadamente 58 años.
Entre las organizaciones no gubernamentales que perdieron su personalidad jurídica el martes se encuentran la Asociación Iglesia Internacional de Cristo, la Asociación de Mujeres Las Golondrinas, la Fundación Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo, la Asociación Evangelística Impacto Juvenil de Nicaragua y la Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo, entre otras.
Asimismo, la lista incluye a la Asociación de Médicos Especialistas San Francisco, la Asociación Ministerio Cristiano La Vid Verdadera, la Fundación para el Desarrollo al Etno Desarrollo Indígena y la Fundación Ministerio Pentecostés Unción y Fuego, entre otras.
El gobierno alega que algunas de estas organizaciones financiaron las protestas de 2018. Además, medios opositores señalaron que desde 2018, más de 30 sacerdotes de diferentes órdenes salieron al exilio, 20 fueron desterrados, y a otros 24 se les negó la reentrada al país.
En mayo, el gobierno canceló la personalidad jurídica de la Orden de las Hermanas Clarisas Franciscanas, también vinculada a la fraternidad franciscana. En julio, cuatro religiosas de la Fraternidad Hermanas de los Pobres de Jesucristo abandonaron el país después de que las autoridades migratorias no extendieron sus visas.
Además, otras tres religiosas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, quienes estaban a cargo de un asilo de ancianos en la ciudad de Rivas, al sur de Managua, dejaron el país en abril.
