Las mujeres pagan el precio cada vez que el Estado improvisa

Hoy, al igual que cada año, escuchamos discursos solemnes sobre igualdad, respeto y compromiso. Pero mientras se difunden estos mensajes, las mujeres siguen siendo violentadas y asesinadas.

La violencia contra las mujeres en Costa Rica no es una narrativa ideológica: es una realidad documentada.

En los primeros meses de 2025, el país ya superaba la treintena de femicidios registrados por el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. En 2024, se contabilizaron 40 femicidios; en 2023, 34; en 2022, 26. No estamos frente a una disminución estructural sostenida. Estamos frente a una crisis persistente.

Y cada cifra tiene nombre, familia y consecuencias irreparables.

La violencia letal es la expresión más extrema, pero miles de denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales se presentan cada año, y muchas más nunca llegan al sistema judicial. La impunidad, el miedo y la desconfianza siguen siendo barreras reales.

Frente a esta realidad, el país necesita políticas públicas integrales, medibles y sostenidas. Sin embargo, herramientas estratégicas como el Planovi (Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades) han perdido visibilidad, impulso político y claridad en su ejecución. Un plan nacional no puede convertirse en un documento archivado: debe ser una hoja de ruta activa, evaluada y exigible.

A esto se suman iniciativas como los llamados “Puntos Violeta”, presentados como respuestas inmediatas ante la crisis. Más allá del anuncio, implicaron una inversión significativa de recursos públicos sin que hoy existan resultados contundentes que demuestren reducción de agresiones o impacto medible en la prevención de femicidios.

Se utilizaron recursos del bolsillo de las y los costarricenses para un programa cuya eficacia no ha sido demostrada con indicadores claros y públicos.

En materia de violencia contra las mujeres, no podemos permitirnos políticas de vitrina. Cada colón invertido debe traducirse en protección real. Cuando el gasto no produce resultados verificables, no solo hay un problema de gestión: hay un problema de responsabilidad.

Existe, además, una deuda pendiente con las familias de las víctimas de femicidio. La ley de reparación integral para estas familias, impulsada para brindar apoyo económico, psicológico y social a quienes quedan en absoluta vulnerabilidad tras un crimen de esta naturaleza, no ha contado con el respaldo decidido ni con la priorización necesaria para garantizar su implementación efectiva.

Cuando una mujer es asesinada, no solo se apaga una vida. Quedan hijos huérfanos, madres devastadas, hogares desintegrados. La reparación no devuelve a la víctima, pero es una obligación mínima del Estado frente a un fracaso en la protección. No respaldarla con firmeza es prolongar el abandono.

Como diputada, desde el primer día planteé una agenda clara en favor de la lucha contra la violencia hacia nosotras las mujeres. No como consigna, sino como compromiso legislativo concreto. Varios de los proyectos que impulsamos hoy ya son leyes de la República, incluyendo reformas que fortalecen la protección y reconocen formas de agresión que, durante años, permanecieron invisibilizadas, como la sumisión química.

Pero ninguna ley, por sí sola, resuelve una crisis estructural si no existe ejecución real, presupuesto responsable y voluntad política sostenida.

La violencia contra las mujeres no se combate debilitando instituciones. No se combate reduciendo presupuesto estratégico. No se combate gastando millones sin evaluación rigurosa de impacto. Y no se combate dejando solas a las familias que ya lo perdieron todo.

Se combate con planificación seria, coordinación interinstitucional, indicadores públicos, rendición de cuentas y coherencia.

El 8M no es una fecha para complacencias. Es un examen de Estado. Y esa evaluación exige algo elemental: si se anuncian programas, deben funcionar; si se invierten recursos, deben salvar vidas; si se aprueban leyes, deben implementarse, y si el Estado falla en proteger, debe al menos reparar.

Cuando el Estado improvisa, el gasto no se traduce en resultados y la prevención se debilita; las mujeres pagan el precio. Y ese precio, demasiadas veces, es la vida.

Este 8 de marzo no necesitamos discursos decorativos. Necesitamos políticas que protejan. Necesitamos reparación cuando la protección falla. Necesitamos resultados medibles.

Porque la lucha contra la violencia hacia las mujeres no puede depender de la coyuntura política ni del cálculo electoral. Es una obligación permanente del Estado.

Cuando el Estado falla en proteger a las mujeres, no está fallándole a un sector: está fallándole a la democracia misma.

Monserrat Ruiz Guevara es diputada de la República.