EscucharEn un reciente artículo (“ La quiebra de las pensiones ”, 12/1/2017) expuse que el colapso del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se debe a la demografía, sino a la impericia, desidia, ineptitud e incompetencia de sus administradores. La causa de la quiebra del IVM es la ausencia de reformas.
En el 2007, Eduardo Doryan, entonces presidente ejecutivo de la CCSS, recibió el estudio de Nathal, cuya conclusión indicaba que una tasa de cotización del 17% era suficiente para sostener el sistema por los siguientes 100 años. De lo contrario, el régimen quebraba en el 2026. La CCSS rechazó el estudio y contrató a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que “garantizó” que el IVM era sostenible hasta el 2044, tal y como lo mostraban los estudios amañados de la CCSS.
Hoy, una década después, la CCSS dice que la tasa de cotización tiene que subir al menos al 15%, luego de que la Universidad de Costa Rica (UCR) indicara que esta tasa debe ser del 26%. Pero ya es tarde para esto, pues los días del IVM están contados. Las propuestas de la UCR carecen de humanidad y, en teoría, equilibran el IVM, pero aumentarían la informalidad, la precariedad del trabajo y la pobreza entre los adultos mayores.
Independencia. Las pensiones deben salir de la CCSS. Deben ser administradas por una institución independiente blindada de la injerencia política. El gobierno no solo nombra a 3 de los 9 miembros de la Junta Directiva, sino que el presidente ejecutivo es parte de su gabinete.
Esto ha llevado a que los fondos del IVM se inviertan de manera arcaica, asumiendo riesgos indeseables con una concentración casi total en bonos públicos. El IVM se ha usado como una caja chica del Estado y la CCSS no persigue judicialmente al Estado ante la morosidad de sus cuotas. Además, el Estado le ha acomodado bonos malos al IVM, lo cual no se ha transparentado pues la CCSS se niega a valorar a precios de mercado, al tiempo que la institución ha ordeñado el fondo para cubrir déficits en el seguro de salud.
Estas prácticas serían erradicadas con una administración independiente, que opere con estándares internacionales y con el establecimiento de responsabilidades penales ante malos manejos.
La nueva institución independiente rendiría cuentas por cada colón que gaste y estaría sujeta a la regulación de la Supén. Además, a los jerarcas del nuevo instituto de pensiones públicas y del regulador se les exigiría una experiencia mínima en pensiones, algo que hoy no existe.
Sistema de pensiones público único. Todos los trabajadores del país, públicos y privados, deberían contribuir a un único sistema de pensiones que esté alimentado por contribuciones de los patrones, trabajadores y Estado. Aquellas instituciones públicas que quieran tener sus propios sistemas de pensiones, lo pueden hacer en exceso de este sistema único, pero sin contribuciones adicionales del patrono ni del Estado y sin garantía estatal, para evitar socializar las pérdidas de los malos manejos.
Un sistema de pensiones público debe promover la igualdad en la distribución de la riqueza y aspirar a brindar al menos una pensión igual a un salario mínimo de forma solidaria.
En la actualidad, sistemas abusivos e insostenibles como el fondo del Poder Judicial más bien causan disparidades y costos que son financiados por medio de impuestos (a veces se olvida que el Poder Judicial se financia con cargo al presupuesto nacional).
Sistema de pensiones mixto. Organismos internacionales como el BID, la OCDE, el Banco Mundial y la OIT coinciden en que los sistemas de pensiones deben combinar sistemas públicos y privados.
Por un lado, los cambios demográficos han hecho insostenibles los fondos de pensiones públicos, y aumentos en la tasa de cotización expulsa a las personas del sistema. Por otro lado, los sistemas privados no han sido capaces de asegurar una pensión mínima adecuada. Así, un sistema mixto permite lograr los dos objetivos: asegurar una pensión mínima y proveer pensiones diferenciadas a aquellas personas que tienen capacidad para cotizar más.
Además, en Costa Rica no es viable pasarse a un sistema único de capitalización individual, pues la transición conlleva un costo fiscal que, incluso con números alegres de la CCSS, representan más del 100% del producto interno bruto, lo que llevaría a triplicar la deuda pública.
Tampoco tiene sentido “nacionalizar” los fondos de pensiones privados manejados por las operadoras de pensiones, como lo ha propuesto la CCSS.
Legalmente, estos son fondos privados, propiedad de los trabajadores y no expropiables. Provienen de la cesantía y de aportes de trabajadores y patronos. No todos los afiliados cotizan para el IVM y algunos de ellos hacen aportes extraordinarios a los fondos obligatorios.
En la práctica, darle más dinero al IVM es echarle agua a un canasto, pues, aparte de su incapacidad de gestión, su estructura de financiamiento está mal concebida para la época en que vivimos.
En un próximo artículo expondré qué estructura de financiamiento funcionaría para la realidad costarricense.
La reforma tendrá un costo en términos fiscales y de cotización, pues a esto nos han llevado los administradores del IVM, pero con magnitudes inferiores a las propuestas y bajo la seguridad de que las personas puedan aspirar a una pensión cierta al final de su vida laboral.
El autor es exsuperintendente de pensiones.
