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En las circunstancias actuales, en las que se publican noticias sobre los próximos cierres de rellenos sanitarios al alcanzar su capacidad máxima, es válido preguntarse si realmente el país tiene la capacidad de reducir la cantidad de residuos que enviamos a disposición final.
La respuesta corta a esta interrogante es sí. Los residuos orgánicos representan alrededor del 50% de los residuos ordinarios que se generan. Si logramos desviar y tratar estos residuos, tendríamos un efecto inmediato en la vida útil de los rellenos sanitarios y, además, estaríamos reduciendo de manera significativa las emisiones de gas metano, un gas de efecto invernadero cuyo potencial de calentamiento global es 84 veces mayor que el del dióxido de carbono (CO₂).
Recientemente, en una iniciativa del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, realizada con el apoyo de la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) y ejecutada por Cegesti, fue posible demostrar la capacidad de tratar anualmente 18.813 toneladas de residuos orgánicos mediante compostaje. Esta cantidad equivale al 38% de la meta que el país se propuso alcanzar para 2028 como medida de mitigación de gases de efecto invernadero, según se dio a conocer en la Contribución Nacionalmente Determinada, publicada por el Ministerio de Ambiente y Energía.
Estas más de 18.000 toneladas de residuos que se tratarían también representarían un aumento del 80% respecto a las toneladas que actualmente procesa el país mediante compostaje, de acuerdo con la publicación del Ministerio de Salud titulada “Datos y estadísticas sobre gestión integral de residuos en Costa Rica”.
El volumen que se propone tratar surge del interés de 10 municipalidades que decidieron participar en el diseño de proyectos para poner en marcha soluciones concretas de compostaje. Del acompañamiento que Cegesti brindó a estas municipalidades surgen aprendizajes interesantes que podrían generalizarse al resto de los municipios.
El primer aprendizaje es la necesidad que tienen las municipalidades de conocer en detalle, y de acuerdo con el contexto de su territorio, las tecnologías disponibles para el tratamiento mediante compostaje. Es necesario identificar tanto las opciones tecnológicas –desde composteras, sistemas de pilas, bioceldas o sistemas cerrados– como la variedad de proveedores existentes para contar con un abanico amplio de alternativas al momento de seleccionar la tecnología más conveniente. También es necesario conocer el nivel de inversión requerido, cuyo monto está determinado no solo por la tecnología, sino también por la cantidad de residuos por tratar, el tamaño de la planta de procesamiento, el tipo de construcción y la disponibilidad de espacio.
Otra necesidad importante para decidir el tratamiento mediante compostaje es conocer el costo de operación de las plantas y compararlo con el costo de mantener la práctica actual de trasladar el material a disposición final. Para calcular el costo de operación, es necesario considerar varios componentes, entre ellos el personal por contratar, el mantenimiento de los equipos, las asesorías técnicas y los análisis de laboratorio. Un rubro clave es el gasto financiero, que guarda relación con el nivel de inversión y las opciones crediticias de la municipalidad.
En la iniciativa llevada a cabo por Cegesti, la mayoría de los proyectos municipales mostró que el costo de operación de una planta de compostaje por tonelada es inferior a la tarifa que paga la municipalidad por la recolección, el transporte y la disposición final en un relleno sanitario. Se trata de un resultado muy alentador para motivarnos a llevar a cabo el cambio.
El segundo aprendizaje es la necesidad de acompañar los proyectos de compostaje con la medición de la mitigación de gases de efecto invernadero, para relacionar la contribución de estas iniciativas con las metas país y, en particular, con el Compromiso Global sobre el Metano, al que Costa Rica se adhirió en 2021. Los diez proyectos analizados logran mitigar 370.260 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂eq) y 4.596 toneladas de gas metano en un plazo de 20 años. Dado que el sector residuos contribuye con un 17% de las emisiones totales de CO₂eq, los esfuerzos de mitigación impactarán directamente en este porcentaje.
El tercer aprendizaje es el rol fundamental de las autoridades municipales en apoyar el análisis de las opciones tecnológicas y financieras disponibles para el tratamiento de los residuos, con el fin de tomar decisiones apropiadas para cada municipio. Asimismo, deben impulsar políticas internas que fortalezcan las capacidades del personal en la gestión de estos proyectos y aseguren su puesta en marcha.
Finalmente, no podemos dejar de lado el papel de la población: de cada uno de nosotros como habitantes. Tenemos una responsabilidad clara en disminuir la generación de residuos, contribuir desde nuestros hogares a su separación para un tratamiento adecuado, ser actores activos en nuestras comunidades y trabajar junto con nuestros municipios en soluciones que no solo reduzcan la presión sobre los rellenos sanitarios, sino que también mitiguen la generación de gases que contribuyen al calentamiento global.
Es posible cambiar, pero el cambio empieza por nuestros propios hábitos. Si lo lográramos como sociedad, implicaría una transformación cultural significativa.
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Daira Gómez es directora ejecutiva de Cegesti (Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial).
