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En agosto del año pasado se anunció el cierre de los peajes de Río Segundo y Naranjo, en la ruta nacional 1, bajo el argumento de que generaban demoras en el tránsito. No obstante, esta medida parece obviar aspectos fundamentales: la congestión vehicular prácticamente no ha cambiado. El flujo, al llegar sin regulación, continúa siendo problemático en puntos como la intersección del Coyol, en Alajuela, donde los tiempos de espera superan incluso los que provocaban los propios peajes.
El verdadero trasfondo del problema radica en la insuficiente inversión en infraestructura vial. Si bien los ingresos generados por los peajes no compensaban completamente las molestias para los usuarios, bajo la gestión del fideicomiso administrado por el Banco de Costa Rica (BCR) se logró un superávit importante que permitió financiar obras de mejora en las vías. Esto demuestra el potencial de los peajes cuando se administran adecuadamente.
Un inconveniente crucial es la desactualización de la normativa que regula los peajes. Aunque se sostiene que el dinero recaudado se destina al mantenimiento vial, estos gastos ya están cubiertos mediante impuestos al combustible. Por lo tanto, los fondos provenientes de los peajes deberían dedicarse exclusivamente a financiar mejoras en carreteras o a impulsar proyectos necesarios en rutas nacionales. Por ejemplo, establecer un peaje entre Limonal y Liberia podría contribuir a la ampliación a cuatro carriles e incluir obras clave en la intersección Nicoya-Liberia.
Por otra parte, es necesario modernizar las opciones de pago. Eliminar medios diversos como QuickPass, tarjetas de crédito, prepago o efectivo, y cargar los montos únicamente al marchamo atrasaría los ingresos hasta finales de año y aumentaría la presión financiera.
Las tarifas deberían ajustarse según el medio de pago, premiando a quienes utilicen opciones más ágiles y estableciendo cargos sustancialmente mayores para quienes no cumplan con las normas. Además, los usuarios que evadan pagos deberían estar sujetos a multas conforme a la legislación vigente.
Todos los peajes –excepto aquellos ubicados en rutas bajo concesión privada– deberían ser gestionados mediante un fideicomiso transparente, con metas claras en términos de recaudación neta. No tiene sentido mantener tarifas obsoletas desde 2002, como ocurre en peajes como Tres Ríos y Zurquí. El Estado debería enfocarse en negociar licitaciones atractivas para entidades bancarias y otros organismos financieros, garantizando al mismo tiempo un control efectivo sobre los costos operativos.
En definitiva, los peajes no son inherentemente ineficientes. El problema radica en su gestión inadecuada y en la limitada inversión pública en infraestructura. Si se abordan de manera estratégica y eficiente, los peajes podrían convertirse en herramientas clave para financiar y modernizar las carreteras del país, y ello mejoraría tanto la experiencia de los usuarios como el desarrollo económico integral.
ortegalizano@hotmail.com
Jorge Eduardo Ortega Lizano es bachiller en Administración y Economía Agrícola, y máster en Administración.
