EscucharLa reciente crisis que ha provocado la destitución ilegal del magistrado Fernando Cruz se ha justificado puerilmente por el jefe de la fracción legislativa de Liberación Nacional en la ingobernabilidad que genera la Sala Constitucional con sus sentencias y en una pretendida reivindicación de las funciones del Poder Legislativo. Pero, si ninguno de los dos argumentos es real, el primero de ellos es por mucho el más inconsistente.
La supuesta ingobernabilidad, vocablo que por cierto han manejado todos los dictadores para acabar con el Estado de derecho, surge de la falta de liderazgo y de visión del Poder Ejecutivo, por un lado, y de la incapacidad de los parlamentarios de llevar a cabo negociaciones beneficiosas que impulsen reformas legales y estructurales necesarias para que el país camine hacia mejores rumbos.
Basta ver a diario las actuaciones desacertadas de la presidenta Chinchilla y sus ministros, las cuales constantemente los hacen objeto de cuestionamientos a todo nivel, y en relación con los diputados, es incuestionable que gran cantidad de ellos, en especial en los partidos mayoritarios y salvo contadísimas excepciones, llegan a la Asamblea Legislativa como premio por la colaboración prestada en la campaña, más allá de los méritos que puedan tener para ocupar el cargo.
La ingobernabilidad entonces no es atribuible al Poder Judicial, encargado de aplicar e interpretar la Constitución y las leyes a los casos que le son sometidos a su conocimiento. Decir que los tribunales de justicia y la Sala Constitucional en particular entraban las decisiones que toman los otros poderes es solo una manera de rehuir las responsabilidades que a estos últimos les corresponde, y que no cumplen por factores como los ya indicados.
Soluciones.
¿Es posible acabar con la ingobernabilidad? Definitivamente que sí. La principal solución está en ejercer una ciudadanía responsable para elegir a personas capaces e íntegras para ocupar la silla presidencial.
Y si consideramos que no las hay, debemos involucrarnos más en los partidos políticos actuales o trabajar para fundar otros nuevos. Esta participación ayudaría igualmente a romper el círculo vicioso actual que hace que quienes hoy son diputados, mañana lleguen a ocupar el cargo de ministros y viceversa.
Solo nuestro involucramiento directo y real en los procesos de toma de decisiones de los partidos políticos puede hacer que quienes tuvieron la oportunidad de favorecer al país y no la aprovecharon cuando ejercieron funciones públicas, no lleguen ni siquiera a ser candidatos a ningún puesto de elección popular.
También es importante volver la vista al régimen municipal y empezar a fortalecer a partidos de ámbito local. No hay nadie más preocupado por un cantón que alguien que habita en él y que no ve a las municipalidades como el primer escalón de una futura carrera política.
En definitiva, en un sistema democrático, la gobernabilidad va a depender de propuestas serias y no demagógicas de todos los partidos, de servidores públicos preocupados por el bienestar del país y no por el propio, de transparencia en el actuar y de un sistema de frenos y contrapesos que controle la legalidad y constitucionalidad de las decisiones.
Por eso es tan fácil gobernar para un tirano, ya que todos estos “obstáculos” se salvan mediante la eliminación de opositores y el uso de la fuerza. Costa Rica no está para eso, aunque muchos parecen querer lo contrario.
