EscucharLos registros históricos sobre la inversión en educación pública muestran su punto más bajo en 1988, con un porcentaje cercano al 3,8 % del PIB, según el Estado de la Nación del 2022. En ese período, se perdió una cuarta parte de la inversión social en educación por habitante. Tanto el país como una generación entera de costarricenses sufren actualmente las decisiones tomadas en aquel año.
A la llamada “generación perdida” se le negó su derecho a que el Estado cumpliera con su responsabilidad de garantizar el desarrollo humano y social de toda la población, especialmente de los más desfavorecidos. Casi cuatro décadas después, los datos indican que, lejos de cumplir con el mandato constitucional propuesto en el 2010 de un aumento sostenido y progresivo del presupuesto para la educación, Costa Rica se asemeja más a aquel país en crisis de la década de los ochenta que a un Estado que progresa y apuesta por el futuro con una ruta clara para las nuevas generaciones en materia educativa.
Estamos cada vez más cerca de aquel ominoso 3,8 % de inversión de 1988, ya que para el 2025 el gobierno propone un presupuesto para la educación que ronda el 4,7 %, el más bajo de los últimos 15 años. La educación pública no es una simple aspiración ni una cifra del presupuesto nacional. La educación pública hace crecer al país, ya que tiene un impacto directo en el desarrollo económico, no solo por la realización personal y social de los individuos, sino también porque el capital humano moviliza a la sociedad que queremos y deja una huella en el modelo de desarrollo económico que el Estado busca.
Según datos del Banco Mundial, por cada año adicional de escolaridad, los ingresos de una persona aumentan hasta un 10 %. Esto representa una movilidad social ascendente que se refleja en las más altas aspiraciones de un país: una ciudadanía más sólida y las oportunidades de crecimiento profesional, personal y familiar que se derivan de una educación de buena calidad.
El avance que Costa Rica logra en desarrollo humano integral se materializa en gran medida gracias a las universidades públicas, que no solo reciben a estudiantes de todos los estratos socioeconómicos, sino que también generan el progreso tecnológico y científico del país. Además, contribuyen al desarrollo regional y enfrentan y reducen las brechas sociales con ahínco y mística. Los datos muestran que 7 de cada 10 estudiantes de una universidad pública son los primeros en sus familias que cursan estudios superiores. Asimismo, una amplia mayoría proviene de colegios públicos, en una proporción de 8 de cada 10 jóvenes.
Aspirar a un futuro más favorable, tanto para ellos como para sus familias, es realizable en gran parte gracias al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Este fondo permite que 6 de cada 10 estudiantes finalicen sus estudios gracias a una beca socioeconómica, y en las sedes regionales este número aumenta a 9 de cada 10 estudiantes. El Observatorio Laboral de Profesiones determinó en el 2023 que cerca del 94 % de las personas graduadas de una universidad estatal cuentan con empleo.
El desarrollo humano y la inversión son una dupla inseparable, y los datos lo demuestran de manera contundente: apostar por la educación pública es una vía eficaz para erradicar la pobreza y permitir que las familias aspiren a mayores niveles de bienestar, es decir, mejorar sus condiciones de vida con más dignidad, menos desigualdad y mayor alegría.
La educación erradica la pobreza y reduce las desigualdades. Es la solución para no vivir en un país violento, para tener una ciudadanía sólida, informada y comprometida. La educación es la respuesta a los problemas del país.
La autora es vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional (UNA).
