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Hay funcionarios públicos con los que uno discrepa. Hay otros con los que resulta difícil trabajar. Y existen algunos cuya concepción del poder termina convirtiéndose, en sí misma, en parte del problema.
Durante mi paso por la Presidencia Ejecutiva del Sinart tuve diferencias importantes con el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives. No es ningún secreto y tampoco tengo interés en fingir ahora una relación que nunca existió.
En mi última entrevista televisiva, ya como expresidente ejecutivo del Sinart, me preguntaron cuál ministro no recordaría con cariño, afecto o respeto. Respondí sin titubear: Jorge Rodríguez Vives.
Pero reducir aquella respuesta a una diferencia personal sería demasiado sencillo. Mi percepción, después de trabajar dentro del gobierno, fue que el ministro nunca mostró verdadero interés por construir algo conjuntamente con el Sinart. Pero, sobre todo, nuestras diferencias nacieron de una concepción muy distinta acerca de cómo debe ejercerse el poder público.
Hoy, al observar lo que sucede alrededor del Parque La Libertad, vuelvo a encontrar elementos de aquella discusión.
Y, por eso, creo que vale la pena hablar de algo mucho más importante que Jorge Rodríguez o que mi experiencia personal: rectoría no significa subordinación.
Un ministro rector tiene responsabilidades de dirección política, coordinación y articulación sectorial. Pero coordinar no es mandar sobre todo. Articular no es someter. Supervisar no significa anular. Y ejercer autoridad no debería confundirse con demostrar quién tiene el poder.
Esa diferencia parece semántica, pero, en la administración pública, es enorme.
El conflicto alrededor del Parque La Libertad resulta particularmente preocupante porque estamos hablando de un proyecto que ha construido durante años un modelo de gestión, impacto comunitario y articulación público-privada.
Hoy, su Fundación cuestiona abiertamente las actuaciones del ministro y sostiene que no ha recibido documentos formales que sustenten los señalamientos públicos de “desorden administrativo”. Por su parte, el ministro defiende los recortes y la revisión de gastos bajo criterios de eficiencia y austeridad.
Ambas posiciones deben poder discutirse. Si existen irregularidades, que se documenten. Si existen gastos injustificados, que se corrijan. Si hay ineficiencias, que se demuestren y se solucionen. Eso también es rectoría.
Lo preocupante sería que, detrás de una discusión administrativa, existiera otra discusión mucho más elemental: quién manda aquí.
Porque el Estado no necesita pequeños feudos compitiendo entre sí por cuotas de poder. Necesita instituciones capaces de colaborar en torno a objetivos públicos.
Curiosamente, cuando Jorge Rodríguez anunció cambios en diferentes órganos del sector Cultura en 2024, lo hizo bajo una premisa que comparto plenamente: “Somos un solo ministerio”.
El problema está en cómo se interpreta ese “somos”.
Ser parte de un mismo sector debería significar coordinación, confianza, objetivos comunes y responsabilidades compartidas. No obediencia personal. No silenciamiento de criterios técnicos. Mucho menos subordinación institucional.
Yo viví esa tensión desde el Sinart. Y hoy reconozco algunos de sus síntomas alrededor del Parque La Libertad.
No puedo afirmar cuáles son las motivaciones personales del ministro ni me corresponde hacerlo. Sí puedo juzgar, como ciudadano y como exjerarca público, las consecuencias de una determinada forma de ejercer liderazgo.
Cuando la relación entre un ministro rector y las organizaciones de su sector llega al punto en que públicamente se habla de una relación “irrecuperable”, hay un problema que trasciende a las personas.
Y ese problema debería preocupar a la señora presidenta.
Porque ejercer poder es relativamente sencillo cuando se tiene un nombramiento. Lo verdaderamente difícil es construir legitimidad para ejercerlo.
Un buen jerarca no debería necesitar recordar permanentemente quién manda. Su liderazgo debería hacerse evidente en su capacidad de convocar, negociar, construir acuerdos, resolver diferencias y conseguir que instituciones distintas trabajen hacia un mismo objetivo.
Eso también es autoridad. Quizá una mucho más difícil de ejercer.
Mi paso por el Sinart terminó hace tiempo y no pretendo reabrir viejas disputas. Pero cuando una experiencia propia encuentra ecos en situaciones posteriores, guardar silencio también sería una forma de desperdiciarla.
El Parque La Libertad es demasiado importante para convertirlo en escenario de una disputa de poder. Y la cultura costarricense también.
Por eso, antes de preguntarnos quién tiene la autoridad formal, quizá deberíamos hacernos una pregunta bastante más importante: ¿Para qué se está utilizando esa autoridad? Porque rectoría significa conducir. No subordinar.
fernandosandi@me.com
Fernando Sandí es publicista y expresidente del Sinart.
