Escuchar
En su artículo titulado “Mientras Gaza arde”, José Daniel Rodríguez Arrieta pide que no normalicemos el horror de Gaza. Tiene razón. Pero su texto salta de la indignación moral a una conclusión jurídica, cita una comisión como si cerrara el debate y concentra causa, intención y culpa en un solo actor: Israel. Esa no es toda la ecuación.
El artículo se apoya en una comisión de investigación de la ONU para afirmar que hubo genocidio. Su conclusión es grave, pero una comisión no es un tribunal. La Corte Internacional de Justicia ha dictado medidas provisionales; no una sentencia definitiva sobre el fondo. El genocidio exige probar la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido. La devastación y el número de muertos justifican investigar, pero no demuestran por sí solos esa intención.
Las estimaciones de muertos, los niños fallecidos y las denuncias sobre personas atacadas mientras buscaban alimentos exigen investigación y responsabilidad. Lo mismo vale para la tortura o violencia sexual contra detenidos palestinos. Pero una cifra no distingue por sí sola entre civiles y combatientes ni determina la responsabilidad por cada muerte.
Una orden de arresto de la Corte Penal Internacional indica motivos razonables para creer que individuos cometieron delitos; no es una condena ni una sentencia contra Israel.
Rechazo la retórica de Itamar Ben-Gvir y toda celebración asociada con ampliar la pena de muerte: son moralmente repugnantes. Pero las palabras de un ministro extremista y una ley controvertida no prueban la intención genocida de todo un Estado ni convierten cada operación militar en crimen. Si el derecho juzga conductas, debe examinar las de todos.
El 7 de octubre de 2023 no es una “contraseña” que suspenda el derecho, pero tampoco una nota al pie. Hamás y otros grupos planearon una incursión para matar y secuestrar a civiles. Hubo viviendas incendiadas con personas dentro y rehenes; una misión de la ONU halló motivos razonables para creer que hubo violaciones, incluso colectivas. Nada de eso autoriza otro crimen, pero sí establece quién abrió esta fase de la guerra y con qué intención.
La crueldad de Hamás fue doble: contra los israelíes atacados y contra los gazatíes expuestos a la guerra que sabía que provocaría. Durante años, construyó una red de túneles que sus dirigentes cifraron en unos 500 kilómetros y utilizó partes de esta para combatientes, armas, emboscadas y rehenes dentro de un entorno urbano.
Convirtió Gaza en campo de batalla y trampa, anteponiendo su infraestructura militar a la seguridad de la población que gobernaba. Esto no elimina la protección de los civiles ni libera a Israel de sus obligaciones; sí impide borrar la responsabilidad de Hamás.
Los gazatíes tampoco han podido sustituir libremente a ese gobierno: las últimas elecciones legislativas palestinas fueron en 2006 y Hamás controla Gaza desde 2007. Confundir a Hamás con todos los palestinos sería injusto. Presentarlo como irrelevante también lo es.
La asimetría del poder no decide la legalidad. Un actor más débil puede atacar deliberadamente a civiles y un Estado más fuerte sigue sometido a distinción, proporcionalidad y precaución; esta se evalúa ataque por ataque, no comparando totales de víctimas. El 7 de octubre fue un ataque armado. Israel no perdió su derecho y obligación de proteger a sus habitantes, aunque ese derecho no justifica toda decisión de su gobierno.
Cuando el artículo describe a Washington como quien guarda la llave de una casa incendiada y coloca a Israel como único incendiario, la metáfora decide el juicio antes de probarlo.
El texto no se limita a defender a Gaza: reduce a Hamás a una salvedad, convierte la defensa de Israel en evidencia de ilegitimidad y presenta al Estado de Israel como el único cuyo derecho a existir parece condicional. Eso no es equilibrio; es media ecuación.
Esto no es suma cero. Podemos condenar la muerte de civiles palestinos cuando viola el derecho internacional y exigir protección para Gaza, al tiempo que condenamos las atrocidades del 7 de octubre y afirmamos el derecho de Israel a existir y defender a su población.
Israel debe responder por toda violación demostrada. Hamás debe responder tanto por el ataque como por convertir deliberadamente a los gazatíes en rehenes de su estrategia. Aplicar el derecho completo significa proteger a ambos pueblos, no escoger cuál debe desaparecer.
Samuel Viroslav Gudes es biólogo.
