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Hay momentos en que un país no pierde su soberanía de forma explícita, sino que la va cediendo poco a poco, casi sin darse cuenta. No hay firma solemne, ni declaración oficial. Solo decisiones prácticas, acumuladas, que terminan redefiniendo quién manda realmente en situaciones críticas.
El reciente caso del hundimiento de una lancha sospechosa de narcotráfico en altamar vuelve a poner esa pregunta sobre la mesa en Costa Rica: ¿quién decide el uso de la fuerza cuando entran en juego actores extranjeros?
Para entender bien lo que está en juego, vale la pena formularlo de manera cruda, incluso incómoda: pareciera que hoy Estados Unidos, en su intento por contener su propio problema de consumo de drogas, opera como si tuviera una especie de licencia para matar desde la distancia, sin proceso judicial previo, sobre ciudadanos de países como Costa Rica en altamar, bajo sospecha de narcotráfico. Y que, en el mejor de los casos, la responsabilidad termina al entregar cuerpos o heridos en algún puerto.
No es necesariamente así en el plano legal. Existen acuerdos, protocolos y marcos de cooperación. Pero la percepción surge porque la realidad operativa ocurre lejos del escrutinio, en una zona donde los hechos se consuman antes de que puedan ser cuestionados.
Las decisiones se toman en mar abierto, bajo criterios de seguridad que no siempre son transparentes ni controlables desde el ámbito nacional. Cuando la fuerza se utiliza –cuando una embarcación es interceptada, neutralizada o hundida–, el margen de reacción institucional es limitado. Lo ocurrido ya no se puede revertir, solo interpretar.
Y en esa interpretación se juega algo más profundo que un caso puntual.
Costa Rica, un país sin ejército, ha construido su identidad sobre el derecho, la institucionalidad y la cooperación internacional. Pero en contextos de asimetría, la cooperación puede convertirse en delegación. No explícita, no declarada, pero sí efectiva.
El narcotráfico, por su naturaleza transnacional, empuja a los países hacia ese tipo de arreglos. Estados Unidos, enfrentando una crisis interna de consumo, proyecta su estrategia más allá de sus fronteras. Y los países de tránsito, como los de Centroamérica, terminan integrándose a esa lógica, a veces sin redefinir claramente sus límites.
La pregunta entonces no es solo qué ocurrió con una lancha, sino qué viene después. ¿Más operaciones de este tipo? ¿Mayor normalización del uso de fuerza externa en aguas vinculadas al país? ¿Una aceptación progresiva de que ciertas decisiones ya no pasan por el sistema judicial ni por el control político nacional?
Es hora de que contestemos estas preguntas antes de que alguien inocente sea lastimado y esto escale de un incidente ambiguo a un conflicto legal y diplomático de mayor gravedad.
Andrés I. Pozuelo Arce es empresario.
