Considero urgente y propicio reflexionar sobre el trasfondo que se esconde detrás de las intenciones de muchos inversionistas extranjeros, quienes buscan apropiarse económica, cultural e incluso territorialmente de nuestras comunidades.
Para ir más a fondo sobre el concepto de gentrificación, la Organización de las Naciones Unidas lo define como “un proceso de renovación y reconstrucción urbana, el cual se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes de las clases económicas más bajas de las áreas de intervención”.
En Costa Rica, la gentrificación no es simplemente un fenómeno económico: representa la continuidad de un proyecto histórico que se remonta al colonialismo. Es, en esencia, una forma de neocolonialismo, que se presenta con nuevas estrategias, pero con las mismas lógicas de despojo.
Si bien es cierto en el siglo XIX filibusteros como William Walker intentaron tomar control territorial por la vía de las armas, hoy lo hacen mediante la especulación inmobiliaria, la compra masiva de tierras a precios absurdamente bajos y la reconfiguración del espacio para intereses ajenos a las comunidades locales, a tal punto que los pobladores autóctonos se ven obligados a desplazarse a otras zonas con mayores posibilidades económicas, laborales y habitacionales.
Este fenómeno social no es nuevo, pero lamentablemente ha tomado fuerza bajo el discurso de “atracción de inversión extranjera” que muchas veces prioriza al capital foráneo por encima de las necesidades de las poblaciones locales.
En el 2019, la socióloga costarricense Wendy Molina Varela publicó un artículo académico en el que analiza la gentrificación en Costa Rica. En él, señala la escasa producción académica nacional sobre el tema y plantea un análisis que contextualiza el fenómeno en América Latina, relacionándolo con las particularidades del desarrollo urbano en Costa Rica desde principios del siglo XX.
Molina concluye que el país opera bajo un modelo de gobernanza urbana neoliberal, en el cual el Estado facilita la participación del sector privado en el crecimiento urbano, pero sin liderazgo ni financiamiento activo, como haría un modelo de gobernanza empresarial. Esta pasividad institucional ha limitado hasta ahora los procesos de renovación urbana intensiva, aunque no se descarta que la gentrificación esté ocurriendo bajo formas distintas o en otros contextos. En este sentido, el Estado podría ser interpretado como cómplice silencioso de este fenómeno.
La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), del Instituto Nacional de Estadística y Censos, revela que en el 2024 la Región Chorotega, situada en la provincia de Guanacaste, presentó una tasa de pobreza extrema del 6,8%, mientras que la tasa de pobreza total en la región fue del 24,2%. Esto se debe a que el alto costo de vida en la zona va en detrimento de la situación de las personas con vulnerabilidad económica, y la gentrificación contribuye al incremento de la pobreza.
Invasión simbólica
¿Qué queda de una comunidad cuando sus habitantes han sido desplazados y su cultura reducida a souvenirs? Esta es una forma contemporánea de colonialismo cultural. No hay rifles, pero sí contratos que desplazan. No hay invasiones militares, pero sí invasiones jurídicas, financieras y simbólicas.
Un caso ilustrativo fue relatado en la cuenta de TikTok @Viajandocr, en la que su creador contó que, al visitar Santa Teresa, se encontró con que no se aceptaban colones, solo dólares. Los datáfonos estaban configurados exclusivamente para esta moneda. Su reflexión fue contundente: “Por primera vez me sentí extranjero en mi propia tierra”. Lo anterior es un claro ejemplo de segregación espacial y económica: los espacios públicos se privatizan, las playas se restringen y los comercios situados en los centros de las ciudades se reconfiguran para un tipo de consumidor que no es el local.
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La permisividad en la entrega de concesiones, la falta de planificación urbana inclusiva y la ausencia de políticas de vivienda digna agudizan la situación. Aunque hay algunos esfuerzos importantes, como los presentados por la fracción legislativa del Frente Amplio, todavía son insuficientes.
Localmente también emergen formas de resistencia. Un ejemplo admirable es el del cantón de Monteverde, en Puntarenas, donde la Municipalidad ha implementado políticas en conjunto con instituciones gubernamentales para promover el desarrollo sostenible y empoderar a productores y comerciantes locales. Esta articulación busca frenar la gentrificación sin renunciar al desarrollo, pero priorizando la participación comunitaria y la defensa del territorio.
Finalmente, si el filibusterismo fue una amenaza a la soberanía nacional en el siglo XIX, ¿qué es hoy la gentrificación sino una forma moderna de perder el control sobre nuestros territorios, economías, culturas y estilos de vida? No se trata de cerrar el país, sino de abrirlo con inteligencia y justicia social. Urge implementar regulaciones que prioricen el derecho al acceso democrático a la ciudad y las comunidades, el respeto por la identidad cultural y el bienestar colectivo por encima del lucro privado. Asimismo, la ciudadanía debe informar, concientizar y actuar, así como exigir a los actores políticos ponerse del lado del pueblo y no de quienes, de forma pasiva, continúan despojándonos de lo que somos.
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Karen Orozco Sánchez es socióloga egresada de la Universidad Nacional y estudiante de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas.
