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La incorporación formal de nuestro país a la OCDE está ad portas, por lo cual el momento es propicio para tomar conciencia no solo de lo valioso que fue el proceso, sino también de la gran oportunidad que se presenta a Costa Rica para dar un salto cualitativo, que no debemos desperdiciar.
Numerosos funcionarios de varios gobiernos, de instituciones autónomas, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial y de cámaras empresariales y otros grupos hicieron ingentes esfuerzos para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Se prepararon durante, por lo menos, dos años para convertirnos oficialmente en candidatos, formaron equipos interinstitucionales para avanzar en las reformas administrativas requeridas, participaron en múltiples reuniones y conferencias en varios países para tomar nota de las mejores prácticas en las 22 áreas de política pública que evaluaron a nuestro país.
Además, junto con los representantes diplomáticos de los países miembros de la OCDE, se llevaron a cabo actividades con el fin de sensibilizar a la población acerca del sentido de la OCDE.
Fue un trabajo enorme el que se hizo durante los cinco años de la candidatura y, en los dos años del último sprint, fue aprobada una reforma fiscal histórica y una comisión legislativa especial promulgó 14 leyes de gran calado.
A pesar de que no todas las personas sienten directamente el beneficio de la totalidad de las reformas legales y administrativas promovidas en ese proceso, lo cierto es que nos impactan por igual.
Lo pendiente. Actualmente, tenemos en proceso varias tareas relacionadas con la OCDE: elaboración de reglamentos en las distintas áreas del sector financiero, el fortalecimiento del sistema de estadísticas, el diseño de las remozadas Comisión para la Promoción de la Competencia y la Superintendencia de Telecomunicaciones, la recopilación de información ambiental y de gestión de residuos y el mejoramiento de las prácticas corporativas de las entidades del Estado —incluida la adopción de las normas internacionales de contabilidad por el Instituto Costarricense de Electricidad—, entre otros asuntos cruciales que apuntan a fortalecer la institucionalidad pública y a un aumento en la productividad.
También serán útiles herramientas para contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que, como miembros de la comunidad internacional, nos hemos propuesto.
Si bien es normal que después de la inyección de adrenalina necesitemos respirar, es imperativo mantener el impulso reformista que nos trajo el proceso de incorporación a la OCDE.
Es evidente que tenemos mucho espacio para mejorar la vida de los habitantes de nuestro país, y hacerlo hoy es todavía más urgente debido a la crisis producida por la pandemia de covid-19.
Crecimiento económico. En efecto, el espíritu reformista será más necesario que nunca para atraer la inversión extranjera directa de alto valor agregado que tanto necesitamos para conectarnos todavía más a la economía global.
Es la manera segura de crecer, puesto que nuestras economías doméstica y regional son relativamente pequeñas. Para ello, la clave está en el aumento de nuestra productividad, lo cual requiere que seamos vigorosos en las reformas y las acciones que sabemos que debemos hacer.
Para una política agrícola y pesquera sostenible exitosa, falta infraestructura, fortalecimiento institucional y mejor regulación; si queremos asegurar atención médica a toda la población de manera sostenida, hay que ser creativos en cómo financiarla y crear programas de investigación y desarrollo con el sector privado dentro del clúster que existe en nuestro país, por ejemplo.
Junto con las reformas educativas, la transformación del INA, los programas de educación dual y el teletrabajo, debe cerrarse la brecha digital y generarse una verdadera política de emprendimiento, de modo que todas las personas se conecten con la economía formal. Esto es esencial para la sociedad justa e inclusiva que queremos y merecemos.
Estos y otros aspectos de la política pública pueden inspirarse en el acervo de informes, recomendaciones y análisis que ha hecho la OCDE para nuestro país.
Además de los 22 comités que nos analizaron, hay decenas de comités y grupos de trabajo que deben ser aprovechados. No tengamos miedo: vamos a seguir haciendo política pública «a la tica» y a encontrar maneras de hacer que nuestro Estado social de derecho, para el mayor bienestar del mayor número de personas, sea sostenible.
La autora es exministra de Comercio Exterior.
