Luis Artavia. 29 abril

Es comprensible la preocupación por una deuda estatal de $550 millones con el propósito de financiar el tren eléctrico interurbano en tiempos difíciles como los que estamos viviendo a causa de la pandemia de la covid-19.

Sin embargo, no debemos olvidar que la construcción no se iniciaría hasta dentro de un año y medio, es decir, el endeudamiento debería estructurarse para que rija a partir de ese momento, no antes.

Después de una revisión de los beneficios, la conclusión es que resulta conveniente para el país y ya les explico por qué.

El tren eléctrico interurbano cuesta $1.235 millones, de los cuales $685 millones los aportará el inversionista privado que gane la licitación y el Estado, el resto.

Según el Fondo Monetario Internacional, una inversión adicional en infraestructura equivalente al 1 % del producto interno bruto (PIB) genera un crecimiento del PIB de aproximadamente 0,4 veces el primer año hasta alcanzar 1,5 veces el monto de inversión en el cuarto año.

Por tanto, con el tren eléctrico, el PIB costarricense podría crecer en $4.200 millones y le dejaría al Estado una recaudación aproximada de $539 millones en impuestos, sin considerar el efecto de las inversiones en mantenimiento de las líneas y del material rodante durante la vigencia del contrato.

El servicio de la deuda (pago de principal e intereses) del financiamiento por los $550 millones sería de, aproximadamente, $960 millones durante los 25 años del préstamo.

Lo anterior quiere decir que el ingreso en impuestos como resultado del crecimiento económico derivado del proyecto sirve para pagar el 56 % del servicio de la deuda.

Tiempos del proyecto y ahorro. Mientras se resuelve la adjudicación y el inversionista hace el diseño final, obtiene permisos y licencias. Entretanto, el Estado lleva a cabo las expropiaciones —que en este caso son pocas—.

Los ahorros en gasto de combustible y tiempos de viajes serán cuantiosos gracias al tren; además, el nuevo medio de transporte será fuente de empleo y la reducción de la contaminación redundará en una merma de las enfermedades asociadas a la exposición al dióxido de carbono. Es probable que ocurran menos muertes y lesiones en accidentes de tránsito.

Los estudios de factibilidad calculan ahorros por el orden de los $700 millones anuales al decrecer los costos de operación (incluido el consumo de combustibles) y los tiempos de viaje. Más de $30.000 millones durante la vida del proyecto.

El Estado de la Nación estima que los costos derivados de los problemas de transporte en la Gran Área Metropolitana por siniestros, calidad de aire, ruido y emisiones de gases de efecto invernadero representan $2.145 millones al año.

Asuntos por tomar en cuenta. El tren eléctrico será muy beneficioso para el país, sin ninguna duda. Pero es fundamental asegurarse de que la estructuración del proyecto, además de ser técnicamente viable, también sea comercial y financieramente factible, así como canalizada a través de una institución bancaria y que el inversionista privado tenga la suficiente capacidad (técnica, gerencial y financiera) para desarrollar el plan con éxito.

El tren eléctrico no debe competir con otros medios de transporte y deberá estar integrado al sistema de transporte público. Debe responder a las necesidades de los usuarios en lo referente a costo, ahorro en tiempo, conectividad, puntualidad, comodidad, seguridad y fiabilidad.

Los beneficios que se esperan de este proyecto deben darnos tranquilidad de que el endeudamiento necesario del Estado para la ejecución es un buen negocio para Costa Rica y sus ciudadanos.

El autor es administrador de empresas, socio director de transacciones de Ernst & Young.