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El 1.° de enero entró en vigor el marco presupuestario de la Unión Europea (UE) para los próximos siete años, conocido como Marco financiero plurianual 2021-2027.
Aunque los capítulos se mantienen más o menos constantes, hay cambios en el apartado sobre cooperación internacional, por lo cual será imprescindible que Costa Rica ajuste los métodos de trabajo en lo concerniente a la relación bilateral.
El apartado acerca de la acción exterior es posiblemente el que sufrió la mayor metamorfosis, ya que los Estados miembros llevaron a cabo una reingeniería en cuanto a arquitectura, gobernanza y naturaleza de los recursos destinados a la cooperación internacional.
Ahora, la UE cuenta con un Instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional, con el cual pretende, entre otras cosas, mejorar las sinergias entre los programas geográficos y temáticos y las acciones de respuesta rápida, disminuir las cargas administrativas para acceder a los fondos y apalancar las inversiones privadas para responder a las necesidades en materia de desarrollo sostenible.
Hay ventajas para los países beneficiarios de la cooperación europea, como Costa Rica, en asuntos estratégicos de nuestra agenda pública, como neutralidad climática, economía circular, economía azul y ciencia e innovación, por citar algunos.
Aunque ambas partes comparten históricamente una visión del modelo de bienestar al que aspiran, nuestro país deberá adaptarse a esta arquitectura de la cooperación para el desarrollo sostenible, porque la discusión ya no girará en torno a si los recursos serán reembolsables, sino a aspectos como los que se explican a continuación.
Interlocutores. Si bien la gestión de los fondos de cooperación internacional se atribuye por ley al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al Mideplán y a Hacienda, un ecosistema robusto y funcional de interlocutores de la cooperación internacional se convertirá en uno de los principales factores de éxito para captar y maximizar esos recursos.
Esto obliga a las partes a trabajar con otra filosofía, por ejemplo, para desechar antiguos prejuicios y estereotipos sobre lo público, lo privado y lo social. Es posible que ni siquiera sea necesaria la creación de más estructuras formales, como comités, consejos, juntas, grupos de trabajo o task forces, para hacer que las cosas funcionen, sino procurar que lo que hay fluya de manera más eficiente.
La UE pondrá el acento en las inversiones privadas, no solo para financiar sus ambiciosos programas temáticos, como el Pacto Verde Europeo, Horizonte Europa y el Plan de Recuperación para Europa por la emergencia de la covid-19, sino también la acción exterior.
Tal énfasis abre la puerta a que empresas (grandes, pymes y startups), bancos, fondos fiduciarios, fondos de inversión y otras plataformas de financiamiento nacionales y regionales participen en proyectos de cooperación internacional y de desarrollo empresarial, en calidad de beneficiarios dentro de un partenariado o a través de la cofinanciación.
En adelante, las iniciativas presentadas a la UE, de forma nacional o en la figura multipaís, cuando se trate de América Latina, deberán cumplir los requisitos legales, comprobar el impacto social y ser atractivas y rentables para los inversionistas, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los proyectos.
Aprovechamiento de recursos. Considerando que el Estado costarricense no cuenta con mecanismos financieros y multilaterales expeditos para atender crisis como la de la covid-19, será preciso aprovechar al máximo los recursos de la cooperación internacional para acelerar la recuperación.
La tarea no se reducirá a conseguir financiamiento a largo plazo con tasas concesionales, sino también a gestionar los recursos disponibles de manera más eficiente y con pragmatismo, pues es imposible conseguir mejores resultados siguiendo la receta de siempre.
Como parte de las tareas de recuperación, cabe la posibilidad de que los recursos de la cooperación también se dirijan a pequeñas y medianas empresas (incluida la economía social) así como startups, por ejemplo, para que desarrollen sus propias plataformas de compras en línea, estrategias de marketing digital o aprovechen mejor las ventajas que ofrecen los marketplaces.
Este tipo de empresas son la espina dorsal de la economía y las mayores empleadoras, y, como consecuencia de la pandemia, han sido duramente castigadas. Esto, por supuesto, no exime al Estado de su obligación de facilitarles la labor productiva en los ámbitos crediticio, fiscal, regulatorio, de transformación digital y ciberseguridad.
Alguien posiblemente argumentará que las leyes nacionales quizá no permitan destinar recursos de la cooperación internacional a pymes y startups —o dirán que algo así es muy difícil de hacer—, pero es justamente la actitud del «no se puede» la que hay que cambiar, tomando en consideración a nuestros socios europeos y la recuperación poscovid.
La autora es internacionalista.
