EscucharEn el contexto de la discusión del desafortunado proyecto de ley con el cual se pretende desarticular el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) Complementarias, una noticia publicada por La Nación el martes 10 de setiembre podría servir de justificación errónea para quienes aspiran a convencer a los diputados de aprobar tan triste iniciativa.
De acuerdo con la noticia, a consecuencia del alza en las tasas de interés del Ministerio de Hacienda y las variaciones en el precio del dólar, durante 14 meses consecutivos —según informe de la Supén a marzo del 2019— los fondos de pensiones complementarias reportaron minusvalías en sus inversiones por el orden del 2 % de los recursos administrados y lo traduce en “pérdidas” por ¢115.700 millones. El dato debe ser explicado para que no se preste a interpretaciones incorrectas.
En el sistema financiero en su conjunto (bancos, aseguradoras, fondos de inversión, etc.), las minusvalías no son pérdidas en el sentido que una persona no experta entiende.
Las mal llamadas “pérdidas” no son tales porque, simplemente, no se trata de dinero salido de las arcas. Las minusvalías son valoraciones en papel y ese papel no pierde valor real al vencimiento. La única forma de que el dinero se “perdiera” sería que las operadoras de pensiones tuvieran que vender sus portafolios en mal momento. Y ese definitivamente no es el caso.
Por el contrario, la solvencia de las seis operadoras del país permite pagar las pensiones con fondos frescos cada mes. Consecuentemente, los títulos de inversión con los cuales se diversifican e incrementan los recursos no se venden, sino que muchos se mantienen hasta su vencimiento y así se recupera el 100 % de su precio, en adición a los intereses generados por las inversiones.
Dicho en otras palabras: los títulos no pierden valor real al vencimiento, registran plusvalías o minusvalías por valoración, pero sin arriesgar las inversiones. Insisto entonces, es impreciso decir que si hubo minusvalías por ¢115.700 millones, se tradujo en pérdidas.
Lo correcto es observar los rendimientos y no el valor de los títulos. En todo caso, cabe señalar que los estados financieros más recientes (a junio del 2019) respecto de los consignados en la nota de La Nación (a marzo del 2019) confirman que las minusvalías fueron superadas y los fondos más bien reflejan plusvalías por ¢28.500 millones.
Buscar asesoría. Ciertamente, en el caso de los afiliados, las valoraciones se concretan si las personas retiran el dinero, como lo pretende el proyecto de ley para desmantelar el ROP, o si se trasladan recursos de una operadora a otra.
Para su mejor decisión, nuestro consejo a los afiliados es buscar asesoría sobre cuál es el momento adecuado para hacer sus movimientos. También es cierto que, según nuestra experiencia, las personas pensionadas prefieren inversiones en instrumentos de rentas fijas (o sea, bonos) por sobre la fluctuación (aunque sea pequeña) de las valoraciones por minusvalías y plusvalías.
Lo anterior se corregiría fácilmente creando un fondo de desacumulación de renta fija, lo cual es competencia de la Superintendencia de Pensiones.
Más por rendimientos. En la última década, la tasa nominal de rendimiento de los fondos de pensión ha sido cercana al 10 % anual, lo cual significa, de manera incuestionable, que los rendimientos son muy positivos. Tanto que al final de la vida laboral la relación entre la inversión de los aportes y su rendimiento es de 20-80, en promedio.
Es decir, por cada ¢1.000 que recibe el afiliado de pensión, ¢200 son producto de sus aportes y ¢800 de los rendimientos generados por las inversiones efectuadas, con criterio, solvencia e idoneidad, por las operadoras. Son rendimientos positivos de dineros muy seguros, que por ley son inembargables y están exentos de impuestos mientras se mantengan bajo la protección del sistema complementario de pensiones.
El sistema se creó, con visión de largo alcance, gracias a la Ley de Protección al Trabajador, al despuntar este nuevo siglo, y tenemos la obligación de preservar, mejorar y acrecentar sus beneficios en los años venideros para dar mejor calidad de vida a las generaciones que recibirán la protección de un régimen multipilar de pensiones que debe ser motivo de orgullo para los costarricenses.
El autor es director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones (ACOP).
