EscucharLa discusión legislativa sobre la moratoria crediticia, durante cuatro meses, plantea grandes cuestiones de constitucionalidad.
El Congreso pretende regular, en un contexto de emergencia, materias sensibles y técnicas en corto tiempo. En derecho público, el órgano constitucional llamado a tomar medidas ad hoc ajustadas a las circunstancias excepcionales es el Poder Ejecutivo.
Las acciones legislativas responsables y oportunas requieren reposo, deliberación y reflexión. No deben ser precipitadas, mucho menos en materia financiera.
La función legislativa no fue diseñada para asumir la celeridad de la gestión operativa del Ejecutivo en una situación anormal. Veamos algunos límites impuestos al legislador por la carta magna y abundantes votos de la Sala Constitucional.
Fundamentos. Del principio de seguridad jurídica, se derivan una serie de valores supremos que rigen el mercado financiero, entre los cuales está la “estabilidad”, la cual depende de la “liquidez” y “solvencia” de los intermediarios.
Una ley para suspender, de manera general o algún segmento de las operaciones crediticias compromete seriamente los valores antedichos e infringe ese principio.
Una exigencia básica a los poderes públicos en un Estado de derecho es la predictibilidad de sus acciones con el objetivo de que los ciudadanos sepan a qué atenerse.
Otra de las garantías de un Estado constitucional de derecho radica en la irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas por un contrato.
Vinculado con la seguridad jurídica y la irretroactividad se erige el principio de la intangibilidad del patrimonio (artículo 45), de acuerdo con el cual para menoscabar un derecho patrimonial debe mediar una indemnización previa justa e integral.
Cómo debe proceder el Congreso. La proporcionalidad exige que, antes de promulgar una ley, se efectúe un “test de razonabilidad” de la medida. Toda iniciativa legislativa debe procurar una intervención mínima e idónea.
Cuando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advierte a los legisladores, con argumentos técnico-financieros objetivos y fundados de que el proyecto lesionaría la liquidez y solvencia de las entidades financieras y, por ende, la estabilidad y seguridad del mercado, salta a la vista la ausencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la proposición legislativa.
En el derecho parlamentario contemporáneo, la evaluación del impacto regulatorio del legislativo cobra cada día más trascendencia para limitar la discrecionalidad de los diputados.
Toda ley conlleva un análisis previo del costo-beneficio de los efectos, en aras de lograr una mejor y más inteligente regulación. Además, debe sustentarse en estudios, recomendaciones y criterios técnicos, sin soslayarlos.
Otro pilar de las democracias constitucionales es la autonomía de la voluntad. Quienes actúan en un mercado de intermediación financiera, donde se llevan a cabo actos y contratos sujetos al derecho privado, salvo la supervisión general, están fuera de la acción de la ley (artículo 28). Los legisladores no tienen la facultad para normar los términos y condiciones de los contratos mercantiles firmados por las entidades financieras con sus clientes.
Intervencionismo. La autonomía de la voluntad es piedra angular de otros derechos básicos democráticos, como lo son la libertad de contratación y de empresa (artículo 46).
El legislador tiene impedimento constitucional para inmiscuirse en las condiciones y términos de una relación contractual en un momento determinado, salvo disposiciones legales previas en materia de orden público y regulación general.
En ejercicio de esa autonomía, el sector financiero, tempranamente, mostró su buena voluntad y solidaridad para actuar en situación de urgencia, al ofrecer a sus clientes la readecuación de los créditos de acuerdo con las circunstancias concretas y las reglas técnico-financieras pertinentes.
Una medida legislativa en la materia, además de ser claramente intervencionista, genera un efecto inverso de rigidez para las diversas posibilidades de flexibilidad crediticia que los bancos están plenamente dispuestos a ofrecer a sus clientes.
El autor es especialista en derecho constitucional y expresidente de la Sala Constitucional.
