El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) conlleva desafíos para el cumplimiento de compromisos en materia de soluciones basadas en la naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos y cobro de cánones y salvaguardas ambientales para el buen desempeño ambiental.
Es esencial comprender el rango supranacional de las reglas de la OCDE y toda norma estará por encima de las leyes nacionales.
Por tanto, la agenda para el desarrollo sostenible, los planes nacionales de descarbonización de la economía y de transporte eléctrico, de energía o la estrategia contra el cambio climático, por citar algunos ejemplos, serán escrutados por representantes del derecho internacional que están sobre nuestras leyes y según lo dicta nuestra Constitución Política.
Para comprender los alcances y retos de esta cordial invitación cabe preguntarnos qué establece la OCDE en materia de desarrollo sostenible.
Rigurosidad. Para la organización, está claro que sus miembros tienen diferentes agendas y programas ambientales; sin embargo, mantienen rigurosos mandatos y políticas verdes, en el entendido de que es urgente incrementar acciones para reducir, mitigar o compensar los riesgos de alterar la base ambiental proporcionada por la prosperidad global económica sustentable.
En una reciente publicación, “Perspectivas ambientales de la OCDE hacia el 2050, consecuencias de la inacción”, el organismo propone que la contaminación sea más costosa que las alternativas verdes, asignar valor y precio a los bienes naturales y los servicios de los ecosistemas, eliminar los subsidios dañinos para el medioambiente, establecer reglamentaciones y normas para salvaguardar la salud humana o la integridad ambiental y promover la eficiencia energética, las energías renovables y el crecimiento verde.
Como complemento, la “Prospectiva medioambiental de la OCDE hacia el 2030” es una hoja de ruta de como la organización exige a sus miembros actuar en materia de desarrollo económico con base en la sostenibilidad planetaria.
La OCDE espera de Costa Rica el impulso a la cooperación internacional, la inversión sustentable y medidas para una mejor asignación de los recursos financieros en la consecución de la agenda de desarrollo sostenible 2030.
Acelerar el ritmo. Uno de los retos más grandes es que la OCDE requiere de sus miembros acelerar acciones para alcanzar un desempeño ambiental con estándares internacionales. Sin embargo, el último Informe del estado de la nación, en el capítulo “Armonía con la naturaleza 2019”, confirma que nuestra agenda de desarrollo nacional desconoce el lugar que ocupa el ambiente y, por tanto, es insostenible la forma como estamos gestionando el territorio, los recursos y el patrimonio natural.
El informe señala también que somos insostenibles por la forma como preservamos los recursos estratégicos naturales (agua, alimento, ecosistemas y biodiversidad) y que persisten rezagos en la conservación continental y marina.
El informe revela claroscuros sobre como los instrumentos de política se conectan con acciones para una agenda verdaderamente sostenible. En resumen, urgen mejoras significativas en el modelo y la visión de desarrollo de Costa Rica.
El proceso de ingreso a la OCDE demandó cambios normativos y una profunda transformación de la cultura institucional.
La articulación ministerial fue clave para superar desafíos técnicos y políticos; sin embargo, hacer un buen papel en materia ambiental dependerá de la capacidad para resolver viejos retos entre la protección, conservación y producción.
Adherirse a la OCDE es un primer gran paso; ahora, debemos trabajar en las trasformaciones estructurales necesarias para ser, localmente, lo que internacionalmente decimos que somos: una economía emergente competitiva, ambientalmente resiliente, eficiente y sostenible.
RRojasM@ice.go.cr
El autor es investigador.
