Wagner Jiménez Zúñiga. Hace 6 días

El tiempo se acaba, el reloj de arena alerta sobre la urgencia de tomar decisiones específicas en cuanto a la arquitectura digital del gobierno para mejorar los servicios brindados a los ciudadanos, elevar los indicadores de competitividad, combatir la corrupción y asegurar el equilibrio fiscal con el objetivo de mantener el contrato social.

Los poderes de la República están llamados a ejecutar en los próximos 365 días algunas propuestas que durante muchos años fueron postergadas por ausencia de políticas públicas de transformación digital que condujeran al país por la ruta de la eficiencia y la transparencia institucional.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el 15 % de los trámites gubernamentales se completan en línea en Costa Rica.

Los datos concuerdan con la dinámica nacional porque las filas en las instituciones públicas parecen interminables y los tiempos de espera son angustiantes.

En la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso-Administrativo llueven denuncias contra el AyA, la CCSS, el MEP, el IMAS, las municipalidades, el Ministerio de Salud y el Registro Nacional, entre otros, porque en el Estado los trámites son confusos, abundan las duplicidades y no existen políticas públicas claras de interoperatividad, ciberseguridad e integración de servicios.

La falta de un órgano que las ejecute tiene como consecuencia estas distorsiones, que abren paso a la desconfianza ciudadana y la corrupción.

Primer proyecto. En la Asamblea Legislativa se discute una iniciativa para conformar la Agencia de Gobierno Digital, al estilo de los países miembros de la OCDE.

Tiene como propósito aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de los ciudadanos por medio de la digitalización de la Administración Pública, es decir, una entidad que coordine, adopte y ejecute proyectos transversales para que los trámites se realicen en línea, y empresas y ciudadanos no dependan del horario habitual de las oficinas, sino que desde sus dispositivos electrónicos y cualquier lugar cumplan las regulaciones para abrir un negocio o cambiar una cita médica.

Solo así el riesgo de contraer el coronavirus disminuirá porque aseguraríamos el distanciamiento físico y acabaríamos con la cultura del papel, los desplazamientos, las largas filas y los angustiantes tiempos de espera.

La experiencia de países líderes en gobierno electrónico confirma que en este momento deberíamos ser ciudadanos digitales.

Costa Rica tiene el gran reto de otorgar rango de ley a la Agencia de Gobierno Digital para asegurar su permanencia, indistintamente de la administración y el programa de gobierno.

Segundo proyecto. La Contraloría presentó a los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación los principales aspectos relacionados con los sistemas de información del Ministerio de Hacienda.

Dentro de las debilidades destacó la obsolescencia y dispersión de los sistemas de tributación, aduanas (puesto 80 en 190 economías según el Doing Business 2020) y el ciclo presupuestario.

El órgano fiscalizador coincide con la necesidad de modernizar la gestión, la integración y la atención al ciudadano, por lo que resulta indispensable integrar los 59 sistemas.

El desorden y la desactualización ocasionan que los índices de corrupción y evasión fiscal oscilen entre el 5 % y el 6 % del PIB, respectivamente.

En paralelo el Congreso discute un proyecto de ley denominado Hacienda Digital del Bicentenario, que tiene como propósito modernizar los sistemas del Ministerio de Hacienda para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, facilitar la gestión de la deuda, mejorar la eficiencia del gasto y dar un mejor servicio al cliente.

La colocación de escáneres en puertos, aeropuertos y fronteras, por citar un ejemplo, nos conducirá por la ruta de la inteligencia tributaria. Por tratarse de un préstamo del Banco Mundial, los diputados de la comisión hemos decidido escuchar la versión de los actores que tienen relación con el proyecto.

El equipo técnico del Banco explicó que el retorno de la inversión está proyectado en un 142 %. Hacienda afirma que la reducción de la evasión fiscal será de un 9,5 % del PIB en los próximos diez años al disminuir el fraude aduanero y mejorar la competitividad.

Las mejoras en los servicios a los ciudadanos que plantean ambos proyectos traerá beneficios para todos porque tendremos un Estado más ágil, que oriente sus estrategias en la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el servicio al cliente, el incremento de la recaudación, la generación de ahorros y la reducción de la evasión y la elusión, así como en la merma de los tiempos de espera en trámites en las instituciones públicas.

El autor es diputado.