EscucharFactores diversos a lo largo de la historia han hecho de Costa Rica una nación muy distinta a las demás de Centroamérica cuando de educación se trata.
La conquista intelectual de la Revolución francesa conllevó la entrada de libros y la creación de bibliotecas escolares a finales del siglo XIX.
La declaratoria de la enseñanza gratuita y obligatoria ha marcado el camino de la igualdad de oportunidades y nos ha convertido en un país altamente alfabetizado.
Posteriormente, el siglo XX nos heredó la fundación de cuatro universidades públicas y la creación de escuelas y colegios fuera de la Gran Área Metropolitana.
Iniciamos la segunda década del siglo XXI y Costa Rica sigue sorprendiendo al mundo gracias a su empeño en invertir cerca del 7 % del producto interno bruto a la educación, proveniente de los impuestos y los empréstitos que pagamos todos los costarricenses; por tanto, una primera aproximación es que el problema educativo no lo origina la falta de recursos.
Este año, la erogación del Gobierno Central para el Ministerio de Educación será de, aproximadamente, un 25 % del presupuesto nacional, del cual el 60 % se destina a la masa salarial, empero, los resultados del país en las evaluaciones de las pruebas PISA son lamentables, es decir, el rendimiento de los estudiantes desmejoró en lectura, ciencias y matemáticas.
Ley de carrera docente. El país mantiene índices de inversión pública ejemplares; sin embargo, a lo largo de más de 40 años desde la promulgación de la ley de carrera docente, la clase política no consideró modernizar los mecanismos de selección con el objetivo de que el Estado atraiga y contrate a los mejores candidatos a los puestos docentes.
Hace unos días, celebramos la candidatura de Costa Rica para ingresar a la OCDE; no obstante, hemos obviado que los países miembros de ese prestigioso club de naciones poderosas también exigen estándares muy elevados en el área de la educación.
Muestra de ello es el informe McKinsey, donde están recogidos los resultados de una investigación efectuada a los 25 mejores sistemas escolares del planeta y explican que el éxito de esos sistemas educativos se debe a que el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la calidad de los docentes, sobre todo porque el impacto negativo de los maestros y profesores con bajo desempeño es grave y, por tanto, la atracción de los mejores hacia la profesión docente y una buena selección son factores imprescindibles para la mejora del rendimiento académico.
Examen de idoneidad. En el Congreso se discute un proyecto de ley que presenté para colocar en el debate público la reforma a la Ley 1581 e incorporar un inciso donde se establecería la obligatoriedad del examen de idoneidad como uno de los requisitos de ingreso a la carrera docente.
Los consultados —a excepción de los sindicatos de la educación— concuerdan con la necesidad de aprobar este nuevo requisito.
El Ministerio de Educación (MEP), la Dirección General de Servicio Civil y el Programa Estado de la Educación confirman que los procesos de selección docente en Costa Rica son escasos o nulos porque el título es el principal criterio de escogencia.
Este cambio de paradigma obligaría también a las universidades a mejorar la calidad de la formación de los formadores.
En cuanto a las opiniones de los gremios, sus objeciones se derivan del temor de que la prueba se convierta en un arma punitiva contra los aspirantes que deseen trabajar en el MEP.
Contribuciones. Las consideraciones de los órganos técnicos y especialistas en la materia coinciden en que esta reforma es pertinente y relevante para el país porque llena un vacío existente, actualiza los mecanismos de contratación y es una garantía para los padres de familia de que los maestros y profesores de sus hijos armonizarán el conocimiento técnico y teórico.
Asimismo, el compromiso ético del profesorado contribuirá al derecho a la educación y su propio desarrollo profesional.
La nueva normalidad producida por el coronavirus requerirá docentes con nuevos conocimientos, destrezas y habilidades tecnológicas para atender con eficacia las demandas de sus alumnos y que, previamente, deberán ser comprobadas por las autoridades competentes.
Por ahora, la prioridad es que el órgano político se pronuncie cuanto antes en favor de la atracción y que la selección de los mejores docentes sea un legado para las próximas generaciones.
El autor es diputado.
