EscucharFrente al sistemático ataque a la institucionalidad, con particular empeño contra las universidades públicas, emerge la interrogante de cómo resguardar y fortalecer los innegables aportes de la educación superior estatal al país.
Las instituciones públicas, anquilosadas en el siglo XX, no están satisfaciendo las crecientes y diversas demandas de la Costa Rica actual. Mientras tanto, poderosas voces pujan por hacer ver que todo está perdido. El Estado social de derecho que conocemos está en disputa.
Las universidades no escapan a esta realidad, por el contrario, somos reflejo de esas tensiones. Tramitomanía asfixiante, defensa de privilegios sectoriales, falta de visión estratégica y casi nula evaluación por resultados son tan solo algunos males que también padecemos.
Lejos de autoflagelarse, el debate debe centrarse en cómo romper el círculo vicioso. En el movimiento estudiantil hemos ensayado algunas posibles respuestas.
Atrincherarse no resolverá nada. Señalar culpables externos no soluciona los problemas estructurales, ni frena la ofensiva contra lo público. La defensa de la institucionalidad empieza en casa, desde adentro, desde las bases. La urgente reforma democrática del Estado —no la minimalista— puede y debe surgir de nuestras instituciones con el aporte constructivo de otros sectores.
Bajo esa premisa, a finales del 2018, lanzamos #LaUqueMerecemos, una iniciativa estudiantil para defender el presupuesto de la educación pública paralelo a una revisión crítica de la gestión interna de la Universidad Nacional (UNA). Propusimos 10 reformas en materia de sostenibilidad financiera, calidad académica y gestión administrativa eficiente.
Pese a la acogida formal por parte de las autoridades, se ha avanzado en solo una propuesta. Logramos la adhesión al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Esto incentivará la transparencia, la participación de más oferentes y la eficiencia en la adquisición de bienes y servicios.
Considerando que a la administración del rector Alberto Salom le resta poco menos de un año, el lentísimo avance de las reformas enciende nuestras alarmas. De no tomar las medidas propuestas, como la renegociación de la convención colectiva, en nueve años el 100 % de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) será solo para pagar salarios, según proyecta un estudio actuarial encargado por la propia universidad.
La declaratoria de emergencia por los casos de acoso y hostigamiento sexual en las universidades públicas es otro gran ejemplo. La iniciativa, liderada por feministas y federaciones estudiantiles de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, no solo representa un punto de inflexión en las luchas por una sociedad sin violencia de género, sino que demuestra que los problemas se resuelven, primero, reconociéndolos como tal. Además, revela que las universidades pueden encabezar las acciones para revertir problemáticas transversales en la sociedad, como lo son la misoginia y el patriarcado.
Proactividad como respuesta. Si no se corrige el rumbo interno, nuestras universidades e instituciones públicas corren el riesgo de hundirse en la decadencia. Tarde o temprano, los cambios vendrán. Si no es por iniciativa propia, el ajuste será impuesto por shocks externos, como ya lo demostró la sentencia de la Sala Constitucional contra la cesantía de 20 años en la UNA o los inconstitucionales recortes al FEES por la Asamblea Legislativa.
Haciendo uso de la autonomía universitaria, podemos demostrarle al país que estamos en capacidad de emprender las reformas necesarias para garantizar la pertinencia y sostenibilidad de la educación superior pública. Hay que cambiar el presente para construir las universidades del futuro.
El autor es estudiante de la UNA y excoordinador del Consejo de Asociaciones Estudiantiles.
