EscucharLa Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico (proyecto 20961) tiene como fin modificar el artículo 15 de la Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico e incluye la prohibición de imitar, de cualquier forma, bebidas alcohólicas.
Es un hecho público que las juntas directivas del Grupo Nación y Fifco tienen miembros en común. Así, lo aceptan en el editorial del 8 de noviembre, titulado “Insinuaciones, contradicciones y anónimos”. Información publicada por otro medio de comunicación y que puede corroborarse en la página en Internet de cada compañía.
Tanto dicho editorial como otras publicaciones insinúan, de manera perversa, que apoyo el proyecto 20961 en beneficio de una empresa vinculada a un expresidente de la República. Surge una malicia similar al verificar la información que se me proporcionó con respecto al ligamen comercial de estas dos compañías, la cual, como lo acepté, compartí con algunos diputados.
No puedo evitar la sorpresa que me generan las coincidencias por un posible vínculo para debilitar el proyecto de ley, por ejemplo: La Nación se hace eco de la única visita a mi despacho hecha por el exministro de Transportes Bernardo Arce, sin especificar que la reunión giró en torno a temas de carácter general, entre ellos la tecnología disponible en el mundo para la trazabilidad fiscal, pero no menciona que el encuentro tuvo lugar casi un mes después de presentado el proyecto de ley.
Tampoco menciona el constante lobby que efectúan representantes de Fifco en despachos de varios diputados, información que puede ser corroborada en el registro de visitas de la Asamblea, de la misma forma como los periodistas de ese medio solicitaron los ingresos de las personas que visitaron mi oficina.
Omite La Nación, en su editorial, que los datos de costos proporcionados por un exviceministro de Ingresos, en la Comisión de Asuntos Económicos, fueron erróneos y debieron desmentirse.
La experiencia de otros países demuestra que la implementación es ventajosa y los costos pueden ser asumidos por el Gobierno, sin necesidad de trasladarlos a los productores, comercializadores o consumidores.
El proyecto 20961 no especifica un sistema de trazabilidad determinado; establece características generales. Corresponderá al Ministerio de Hacienda seleccionar el mecanismo que mejor se ajuste a aspectos técnicos y a las necesidades del país.
De manera sucinta, se menciona mi moción para que en la contratación del sistema de trazabilidad no se permita la participación de empresas con antecedentes de corrupción o que se encuentren relacionadas, directa o indirectamente, con la industria porque se corre el riesgo de un conflicto de intereses, pero olvida, quien escribe el editorial, que en una moción posterior se amplió la prohibición a las filiales de las empresas, sus directivos y representantes.
Reitero que no mantengo ningún tipo de relación con José María Figueres Olsen, a quien solamente he saludado una vez, hace algunos años, cuando ni siquiera consideraba la posibilidad de ser diputado.
Mi apoyo al proyecto de ley surgió al conocer la preocupación de las municipales por el creciente incremento del contrabando de licores y sus consecuencias. No tengo interés personal en que se apruebe el proyecto. Mi motivación principal es salvaguardar la vida de las personas expuestas a la muerte por el consumo de bebidas adulteradas con metanol, así como darles herramientas a los cuerpos policiales para que identifiquen las bebidas alcohólicas de origen legal y procedan a decomisar las ilegales y a retirarlas del mercado. A la vez, se incrementaría la recaudación fiscal.
Esta posición me ha valido la presión de medios de comunicación y grupos de interés, representados por lobistas en la Asamblea Legislativa, a quienes les he comunicado, una y otra vez, que no me harán claudicar.
El autor es diputado.
