Los femicidios no son hechos aislados ni episodios imprevisibles. Son la expresión más extrema de una violencia estructural que afecta a miles de mujeres en el país. Detrás de cada caso, suele existir una historia previa de agresiones, amenazas o control. Con frecuencia, las víctimas ya habían denunciado o buscado ayuda. Cuando finalmente ocurre el asesinato, lo que vemos es el último eslabón de una cadena de violencia que no fue detenida a tiempo.
El concepto de femicidio no responde a una agenda ideológica. Es una categoría reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos y por la legislación costarricense para describir asesinatos de mujeres motivados por la violencia de género. Nombrarlo correctamente permite entender que no se trata solo de homicidios individuales, sino de un fenómeno social que requiere políticas públicas específicas de prevención y protección.
Las cifras de los últimos años evidencian que el problema persiste. Cada mujer asesinada deja familias devastadas, hijas e hijos sin madre y comunidades profundamente marcadas por la violencia. También deja una pregunta inevitable: ¿qué falló para que el sistema institucional no lograra protegerla?
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el Estado tiene obligaciones claras. No basta con reaccionar después de la tragedia. La debida diligencia exige prevenir la violencia, proteger a quienes están en riesgo, investigar los delitos y garantizar justicia para las víctimas. Cuando las muertes se repiten, corresponde evaluar si las respuestas institucionales están siendo realmente eficaces.
Por esa razón, organizaciones feministas, especialistas en derechos humanos y diversos sectores sociales han propuesto declarar los femicidios como una emergencia nacional. La medida permitiría priorizar recursos, fortalecer los mecanismos de protección y mejorar la coordinación entre instituciones que hoy operan de forma fragmentada. Y, sobre todo, no seguir despilfarrando el presupuesto en los fallidos Puntos Violeta, mientras la sangre tiñe nuestras comunidades. El mes pasado, la señora ministra de Salud insinuó que las marchantes rayaron las paredes el 8M. Más le valdría entender que la violencia contra las mujeres constituye un problema de salud básico, y su deber es acuerpar el clamor de las ciudadanas y habitantes.
El Poder Ejecutivo ha rechazado esta posibilidad, argumentando que las herramientas institucionales existentes son suficientes. Sin embargo, la persistencia de estos crímenes plantea dudas legítimas sobre si las políticas actuales están logrando prevenir nuevas muertes.
Reconocer una emergencia no implica admitir derrota. Significa asumir con seriedad la magnitud del problema y actuar con la urgencia que exige la protección de la vida. Costa Rica ha construido una sólida reputación internacional en materia de derechos humanos, pero ese compromiso debe reflejarse también en la capacidad de proteger a las mujeres frente a la violencia.
La discusión no debería centrarse únicamente en si se utiliza o no la figura administrativa de emergencia nacional. La pregunta más importante es otra: ¿cuántas mujeres más deben morir para que el país trate esta crisis con la prioridad que merece?
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Yolanda Bertozzi es abogada y activista.
