Exoneración de responsabilidad laboral

Con una gran eficiencia y eficacia, durante la tarde del mismo 28/10/2024 se presentó en mi oficina el equipo del OIP, encabezado por la señora Sara Pérez Salas, asesora de la Presidencia Ejecutiva de AyA, con la intención de notificarme sobre una suspensión cautelar en mi contra. Sin embargo, además de la notificación, me expulsaron de mi oficina, secuestraron mi computadora de trabajo, además de extenderme la prohibición de visitar las instalaciones del LNA y tener contacto con mis compañeros de trabajo durante el periodo comprendido entre el 28/10/2024 y el 28/11/2024.

Transcurrido ese periodo y de forma irregular, supuestamente amparados en la normativa del “Control Interno”, me enviaron de vacaciones por 47 días acumulados a través del memorando PRE-2024-00849 del 25/11/2024, argumentando que contemplaban 21 días del periodo 2021 y 26 del periodo 2022. No obstante, con esa gestión cometieron dos errores: el primero radica en que los 21 días correspondían al periodo 2022, y los 26, al periodo 2023, mientras que la segunda es que la normativa de “Control Interno” obliga al funcionario a disfrutar vacaciones cuando acumule más de dos periodos, que, en mi caso, serían 52 días de vacaciones acumuladas y no 47, que eran los días sin disfrutar.

Estos errores aritméticos, producto del ensañamiento contra el suscrito como director del LNA, fueron menores en comparación con el daño ocasionado con la publicación de la noticia de mi suspensión en el periódico La Nación del 30/10/2024, mediante el artículo titulado “AyA suspende al director del Laboratorio Nacional de Agua”, lo que causó daño a mi imagen personal y profesional forjada con el trabajo persistente de más de 45 años, en las áreas de control y vigilancia de la calidad del agua en sus diferentes usos en Costa Rica.

En este contexto, es importante anotar que desde que se designó a la doctora Mary Munive como ministra de Salud, se comenzó a percibir un ambiente hostil contra el LNA, que se manifestó en la intención de plasmar su traslado del AyA al Ministerio de Salud. Por otra parte, una semana después de la designación de Juan Manuel Quesada como presidente ejecutivo de AyA, en sustitución de Alejandro Guillén, el nuevo funcionario empezó con manifestaciones públicas peyorativas contra el LNA a través de diferentes medios de comunicación. Externó expresiones como “el Laboratorio está en pañales” y “el Laboratorio no me representa”, entre otros. Ante esta situación, el suscrito, mediante los memorandos PRE-LNA-2024-OO88 y PRE-LNA-2024-O108, en su debido momento solicitó aclaraciones a estos jerarcas, sin recibir respuesta alguna.

Con respecto a las conclusiones de la mencionada investigación, después de seis meses, las integrantes del OIP (conformado por Sara Pérez Salas, de la Presidencia Ejecutiva; Helga Ruiz, de la Subgerencia de Sistemas Comunales, y Andrea Sánchez, de la Dirección Jurídica, todas de AyA), remitieron el documento titulado “Informe de la investigación preliminar”, en donde indican que “no se encontraron responsables de negligencia alguna que pueda derivar en la apertura de un procedimiento administrativo”. Además, se recomendó archivar el caso; es decir, los funcionarios del LNA, incluido el suscrito, fueron exonerados de cualquier responsabilidad en todo lo actuado durante la crisis de contaminación con Mancozeb en el río Barranca.

En honor a la justicia, espero que la Presidencia Ejecutiva o la Gerencia General de AyA publiquen, con la misma celeridad que lo hicieron con mi suspensión, los resultados informados por el “Organismo de Inspección Preliminar”.

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Darner A. Mora Alvarado es salubrista público.