Hay decisiones en la vida de un país que son errores cuya trascendencia va más allá del día a día y afectan comportamientos virtuosos sostenidos a lo largo de muchas décadas. Es el caso de que Costa Rica no se sumara a seis Estados americanos parte en el Tratado de Roma, a los cuales se unió, recientemente, Francia, para poner en conocimiento de la fiscala de la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos años en Venezuela.
Costa Rica siempre ha estado a la cabeza de la evolución de la protección internacional de los derechos humanos, tanto en el ámbito universal como regional, y la tendencia en estos es la judicialización de los sistemas de protección, especialmente con la creación de la Corte Penal Internacional, donde se juzga a personas físicas y si se prueban sus delitos son sentenciadas a penas de prisión. Ese ha sido el caso de algunos hasta ahora, africanos y europeos, pero ninguno latinoamericano.
Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y primer Estado en reconocer la jurisdicción de dicho tribunal internacional, también ratificó el Tratado de Roma para que se diera el paso histórico, no ya de declarar la responsabilidad internacional de los Estados, sino de ordenar el encarcelamiento de los encontrados culpables.
Un paso enorme de la evolución en la protección internacional de los derechos humanos, cuyos primeros órganos de protección fueron de naturaleza cuasipolítica y cuasijudicial, y emiten todavía hoy resoluciones y recomendaciones que los Estados incumplen con facilidad.
Argumento inválido. La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica de no sumarse a la determinación de someter a consideración de un tribunal las violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo en Venezuela, bajo el argumento de que lo procedente es que sea la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resultará en resoluciones y recomendaciones que probablemente no se cumplirán por no ser obligatorias, lo cual hace que esa decisión sea lamentablemente desacertada. Las sentencias de la Corte Penal Internacional sí son obligatorias para los Estados y pueden ordenar la prisión para los responsables.
Un grupo de tres expertos internacionales nombrados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre los cuales me honré de formar parte, elaboramos, después de nueve meses de trabajo, un informe determinante sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Para que Costa Rica fuese escogida para formar parte de ese grupo, el secretario general de la OEA habló con el presidente de la República del momento, Luis Guillermo Solís Rivera, y con quien fuera su canciller, Manuel González Sanz, quien mediante una carta me comunicó lo pertinente.
Una pena. Qué vergüenza ver a Argentina y Canadá, Estados nacionales de los otros dos expertos, integrarse de inmediato a la presentación del caso a la fiscala del Tribunal Penal internacional y Costa Rica, de la que se esperaba encabezara la iniciativa, no lo hiciera esgrimiendo razones débiles que hubiera sido mejor no mencionar.
Que Costa Rica no se mantenga a la cabeza de la protección internacional de los derechos humanos es muy doloroso, porque bajo diferentes gobiernos, presidentes y ministros de Relaciones Exteriores esa ha sido siempre su tónica. Pero, además, dar un paso atrás en la naturaleza indicada es más dramático aun cuando en la elaboración del mencionado informe se pusieron de relieve los crímenes ocurridos en Venezuela, especialmente las torturas, lo cual me impactó fuertemente pese a haber trabajado 37 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 12 de ellos como juez.
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La tradición costarricense de respeto y protección de los derechos humanos y el multilateralismo han sido dos constantes de su política exterior, por lo que la identidad del país en el mundo es reconocida, principios que con esa decisión se abandonan.
Nuestro país ha cometido un error de dimensiones históricas. Ojalá se rectifique para que la imagen proyectada se disipe. No debemos fomentar la impunidad.
El autor es exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
