Los cancilleres @de seis países del hemisferio –Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú– presentaron una solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar una “investigación preliminar” sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Su pedido se une a la decisión anunciada el 8 de febrero por la fiscala general del organismo, Fatou Bensouda, de efectuar un “examen preliminar” sobre “delitos presuntamente cometidos en este Estado parte al menos desde abril del 2017, en el contexto de demostraciones e intranquilidad política relacionada”.
¿Implica lo anterior que el presidente Nicolás Maduro o algunos de sus secuaces tendrán que enfrentar a corto plazo acusaciones concretas en La Haya, Holanda? Lo más probable es que no. El procesamiento de los delitos contemplados por el Estatuto de Roma, base jurídica de la CPI, es laborioso; además, nada garantiza que, a partir de un “examen” o una “investigación” preliminares, se obtengan los elementos necesarios para formular acusaciones. Aun así, la solicitud de los cinco cancilleres –sumada a la de la fiscala– tiene enorme importancia: es una clara advertencia que difícilmente podrán desoír el dictador venezolano y otros represores que lo acompañan. También es una denuncia implícita de los horrendos atentados contra los derechos humanos cometidos en Venezuela y que se han convertido en estrategia gubernamental para mantenerse en el poder. En esto, como presidente, Maduro tampoco puede eludir sus responsabilidades.
Lamentamos que Costa Rica no aparezca entre los firmantes originales de la iniciativa, aunque la ausencia sea por razones tácticas –por ejemplo, concentrar nuestros esfuerzos diplomáticos–, es necesario tomar en cuenta que, si nuestra política exterior tiene como pilar básico la defensa de los derechos humanos, esta iniciativa es plenamente consecuente con ella. Se da en el contexto del derecho internacional y de compromisos específicos asumidos por la propia Venezuela desde que, hace 18 años, ratificó el Estatuto de Roma y aceptó la jurisdicción de la Corte. Además, las razones invocadas en la carta de solicitud firmada por los seis países también se corresponden de manera directa con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.