Los cancilleres @de seis países del hemisferio –Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú– presentaron una solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar una “investigación preliminar” sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Su pedido se une a la decisión anunciada el 8 de febrero por la fiscala general del organismo, Fatou Bensouda, de efectuar un “examen preliminar” sobre “delitos presuntamente cometidos en este Estado parte al menos desde abril del 2017, en el contexto de demostraciones e intranquilidad política relacionada”.
¿Implica lo anterior que el presidente Nicolás Maduro o algunos de sus secuaces tendrán que enfrentar a corto plazo acusaciones concretas en La Haya, Holanda? Lo más probable es que no. El procesamiento de los delitos contemplados por el Estatuto de Roma, base jurídica de la CPI, es laborioso; además, nada garantiza que, a partir de un “examen” o una “investigación” preliminares, se obtengan los elementos necesarios para formular acusaciones. Aun así, la solicitud de los cinco cancilleres –sumada a la de la fiscala– tiene enorme importancia: es una clara advertencia que difícilmente podrán desoír el dictador venezolano y otros represores que lo acompañan. También es una denuncia implícita de los horrendos atentados contra los derechos humanos cometidos en Venezuela y que se han convertido en estrategia gubernamental para mantenerse en el poder. En esto, como presidente, Maduro tampoco puede eludir sus responsabilidades.
Lamentamos que Costa Rica no aparezca entre los firmantes originales de la iniciativa, aunque la ausencia sea por razones tácticas –por ejemplo, concentrar nuestros esfuerzos diplomáticos–, es necesario tomar en cuenta que, si nuestra política exterior tiene como pilar básico la defensa de los derechos humanos, esta iniciativa es plenamente consecuente con ella. Se da en el contexto del derecho internacional y de compromisos específicos asumidos por la propia Venezuela desde que, hace 18 años, ratificó el Estatuto de Roma y aceptó la jurisdicción de la Corte. Además, las razones invocadas en la carta de solicitud firmada por los seis países también se corresponden de manera directa con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
Dichos crímenes son uno de los cuatro tipos de delitos contempladas por el Estatuto de Roma. Los otros son el genocidio, los crímenes de guerra y los de agresión. Los de lesa humanidad contemplan hechos tales como el asesinato, exterminio, deportaciones o traslados forzosos de población, privación de la libertad en contra de normas fundamentales del derecho internacional, persecuciones y desapariciones forzadas. Es un repertorio del que no escapan Maduro y sus secuaces; tampoco, Daniel Ortega y los suyos.
Según el Estatuto, los casos llegan a conocimiento de la Corte mediante tres vías: por iniciativa de uno o más Estados miembros, por decisión de la Fiscalía o remitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el caso de que hayan ocurrido en el territorio de países que no formen parte de ella. Como Venezuela sí la integra, el pedido de los cinco países latinoamericanos se enmarca en la primera categoría y, por ello, cumple plenamente con el derecho internacional.
Como es usual, el régimen venezolano ha reaccionado con gran hostilidad al pedido, que enmarcó en su gastada retórica de “agresión” y conspiraciones. Nada de lo anterior. La solicitud de investigación preliminar tiene un propósito muy específico, aunque también trascendental: detectar posibles culpables de los delitos de lesa humanidad y activar los mecanismos para que se les juzgue y castigue. Se trata, simple y llanamente, de luchar contra la impunidad en casos de enorme trascendencia. En Venezuela, como en Nicaragua, es una tarea urgente.
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