EscucharTres años han pasado y el agricultor costarricense sigue esperando. No es una metáfora: es la cruda realidad que enfrentan miles de personas productoras, sistemáticamente abandonadas por la institucionalidad.
El campo está de capa caída, no por falta de esfuerzo, sino por la ausencia de visión, coordinación y voluntad política. O, peor, por la decisión de proteger al sector importador a costa del productor local.
El último Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) es un llamado de atención: en febrero de 2025, la actividad agropecuaria cayó un 3,5% respecto al mismo mes de 2024. Y ya suma cuatro meses consecutivos de contracción, empujada por lluvias fuera de temporada, caída en exportaciones como banano y piña, y menor producción de cultivos de ciclo corto como papa, plátano, cebolla y hortalizas. Aunque el BCCR no lo diga, la apreciación del tipo de cambio penaliza las exportaciones y facilita el ingreso de productos importados que compiten con la producción nacional.
¿Y la respuesta institucional? Silencio. O peor aún: improvisación y desarticulación. Lo afirmo con certeza como hijo de una familia agricultora.
El caso más emblemático de este abandono institucional es la llamada Ruta del Arroz. Según Conarroz, se ha perdido un 60% del área sembrada y a más de la mitad de los productores, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria. La eliminación de aranceles sin transición ni acuerdos con países favorecidos fue una decisión improvisada que benefició a importadores y perjudicó al productor local.
Mientras el productor enfrenta lluvias extremas, alzas en los costos, apreciación del colón, pérdidas de cosechas y colapso logístico, el gobierno sigue sin una estrategia real para apoyar al agro. Y cuando actúa, como con la importación de papa para frenar precios, termina hundiendo más al productor nacional.
El problema no es solo climático, es estructural. Esta crisis es fruto de años de abandono, de una política monetaria y cambiaria que ha apreciado el tipo de cambio, de no invertir en tecnología, de no acercar a las juventudes al campo, de no diversificar mercados ni fortalecer el financiamiento y la infraestructura rural.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no puede seguir en automático. El acceso a tecnologías de precisión, drones, sensores y herramientas digitales debe ser una realidad en todo el país, en alianza con INTA, IICA y socios internacionales. No hay competitividad posible con herramientas de hace 20 años.
La desconexión con las nuevas generaciones es alarmante. El campo no es atractivo porque el país no ha mostrado que puede serlo. Faltan carreras técnicas, proyectos piloto con tecnología, sistemas de acompañamiento que dignifiquen la vida rural. Sin relevo generacional, el agro está condenado al colapso.
Programas valiosos como Fomujer –que canalizaba fondos del Inamu para mujeres productoras rurales– y Motor Rural del Inder –que reactivó territorios con tasas blandas tras la pandemia– hoy están debilitados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no se fortalecen ni replican?
En infraestructura, el abandono del proyecto Paacume, en Guanacaste, es una afrenta a la planificación nacional. Este proyecto abastecería de agua a más de 500.000 personas, con un financiamiento de $425 millones del BCIE, y beneficiaría agricultura, turismo y sostenibilidad hídrica en la región. Pero, tres años después, sigue paralizado luego de dejar en el limbo a los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, y con ellos, el futuro de miles de productores.
A esto se suma nuevamente la apreciación del colón, que reduce la rentabilidad de las exportaciones en un contexto donde los insumos suben, la mano de obra es más cara que en países vecinos, y la infraestructura sigue colapsada. Basta con ver el puerto de Caldera: filas interminables, retrasos y congestión afectan nuestra competitividad y dañan la imagen de nuestros productos.
Este escenario no es una fatalidad inevitable; es consecuencia de la inacción. Responsabilidad compartida por administraciones que han usado al agro como bandera electoral, pero no como prioridad de política pública. Mientras tanto, el agricultor costarricense sobrevive con las uñas, esperando que el clima no lo arrase, que los precios no lo ahoguen y que la próxima tormenta no le quite lo poco que le queda.
El agro no puede seguir esperando. Sin campo, no hay comida, ni seguridad alimentaria, ni paz social, ni desarrollo rural, ni equilibrio ambiental. Ni futuro.
fabian.marrerosoto@gmail.com
Fabián Marrero Soto es publicista; fue asesor de la Presidencia (2018-2022).
