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Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis) 2023, el 18,2% de las personas adultas en Costa Rica (más de 676. 000) vive con alguna discapacidad, pero solo el 40,7% de ellas tiene empleo, frente al 66% del resto de la población.
Además, en 2020, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), estimó que el 54,7% de las personas con discapacidad (PCD) vivían en condición de pobreza. Esta situación se debe, principalmente, a barreras en el acceso a servicios públicos, educación, formación para el empleo y tecnologías, lo que limita la adquisición de nuevas competencias en un mundo laboral cada vez más digitalizado.
Costa Rica cuenta con legislación y políticas públicas adecuadas y suficientes, así como con apertura del sector privado, para avanzar hacia una estrategia nacional que combine formación digital inclusiva, tecnologías de apoyo e inteligencia artificial (IA).
Existen incentivos fiscales, como la deducción del impuesto sobre la renta a empresas que contraten a PCD (Ley 7092), pero aún persisten brechas, especialmente en la formación educativa: más del 50% de las PCD solo logra nivel de primaria.
En cuanto al acceso a tecnologías, solo el 28% de las PCD utiliza computadoras, debido principalmente al alto costo de hardware y software especializados, aunque existen programas de código abierto.
No obstante, el uso de celulares e Internet entre las PCD es elevado, lo que abre oportunidades para la capacitación virtual y el acceso al empleo formal tanto en el sector público como privado. En este contexto, herramientas y soluciones de IA pueden ser decisivas para reducir las barreras de acceso a la información y el trabajo.
Para fortalecer la inclusión laboral, se deben articular políticas públicas, sector educativo, empresas y organizaciones nacionales e internacionales de PCD. La experiencia de la Unión Europea (UE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la academia pueden guiar estas acciones. La cooperación técnica con países como España, Chile y Canadá, que han implementado programas de formación técnica virtual con IA, resulta valiosa para ser replicada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
A la vez, empresas tecnológicas como Microsoft, IBM y Google ya ofrecen herramientas de IA que mejoran la accesibilidad, mediante lectores de pantalla, subtítulos y transcripciones automáticas, sistemas de reconocimiento de voz y asistentes digitales adaptados a distintas necesidades.
Es clave que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el INA y el MEP refuercen sus mecanismos de inclusión laboral y sus programas de formación técnica accesible, con recursos humanos capacitados, tecnología avanzada y presupuestos.
A pesar de las limitaciones fiscales, el Estado debe establecer nuevos incentivos para la inversión en accesibilidad y capacitación técnica, ya que mayor inclusión laboral de PCD se traduce en reducción de la pobreza, mayor consumo y recaudación fiscal, y menor dependencia de programas sociales.
Asimismo, campañas sostenidas de sensibilización en el sector privado, que resalten buenas prácticas y capacitación, son fundamentales para impulsar la contratación de PCD. El uso combinado de tecnologías de apoyo y herramientas de IA hoy son factores determinantes para la adaptación del puesto de trabajo y para el incremento de la productividad.
Reducir las brechas en la formación y el empleo de las PCD es una cuestión de derechos humanos y de desarrollo sostenible. La integración de tecnologías accesibles, el apoyo de la IA, incentivos fiscales y la cooperación internacional son claves para una Costa Rica más inclusiva y equitativa.
Álvaro Mendieta Vargas es politólogo y activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad.
