EscucharEn varios reportajes, La Nación informó a principios de mes sobre la propuesta de trasladar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los seguros obligatorios que administra el Instituto Nacional de Seguros (INS): el de automóviles y el de riesgos del trabajo.
Según la Junta Directiva de la CCSS, los seguros de salud que administra no serían deficitarios en el futuro si se concreta el traspaso.
Dejando de lado la estabilidad financiera de la CCSS, lo cual es fundamental, la reforma tendría un impacto en los asegurados (lesionados) y para los empresarios (pequeños, medianos o grandes).
Los tiempos de espera en el INS no superan los 12 días, en el caso de las cirugías generales, y 15, para procesos ambulatorios.
El 90 % de esos procedimientos se efectúan en ortopedia y los plazos se detallan desde el momento en que el médico da la orden de cirugía hasta la operación.
En contraste, el plazo promedio de espera en la CCSS es actualmente de 771 días para una intervención quirúrgica en ortopedia; antes de la pandemia alcanzaba los 329 días. Me hago la pregunta acerca de cuáles serán los cambios en la CCSS para acortar los tiempos de espera.
Debemos conocer los estudios de viabilidad que justifiquen la propuesta de la CCSS y las mediciones sobre el impacto social y económico que tendría en los lesionados una decisión de esta magnitud y en las empresas y los patronos, por las consecuencias que los períodos de incapacidad tienen en la dinámica de sus actividades.
A estas valoraciones debe agregarse el hecho de que el régimen de riesgos del trabajo se financia con las pólizas pagadas por los empleadores. La Junta Directiva de la CCSS debe, por tanto, revisar su tarifario para determinar si el costo para los patronos se puede mantener porque, de lo contrario, afectará negativamente el bolsillo de estos, la competitividad del país y el empleo.
Los diputados tienen retos, como predecir el impacto en la infraestructura médica que ha construido el INS a lo largo de los años, considerando que la red médica no pertenece a los regímenes, pues forma parte del patrimonio de la aseguradora. Entonces, ¿qué pasaría con la red de salud del INS?
La Junta Directiva de la CCSS no puede ver la propuesta de ley desde una perspectiva meramente financiera, sino de forma integral. Los tomadores de decisiones deben ser conscientes de que la cantidad de lesionados ronda los 125.000 anuales y que una acción como la planteada tiene consecuencias económicas, sociales y en la dinámica de los negocios.
No se puede desvestir un santo para vestir otro y, sobre todo, cabe preguntarse cuál será el valor agregado que brindaría al país el traspaso de las pólizas obligatorias a la CCSS.
El autor es presidente ejecutivo del INS.
