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En la década de 1950, miles de funcionarios públicos, artistas, periodistas y opositores en Estados Unidos fueron señalados de simpatizar con el comunismo, de ser parte de las disidencias sexuales o de ser una amenaza para el país. La mayoría de las acusaciones no tenían pruebas sólidas, pero bastaron para destruir reputaciones, cerrar oportunidades laborales y generar un clima de miedo entre la población.
Más que una censura directa, se trató de un mecanismo de control basado en el señalamiento público, el disciplinamiento, la presión y la autocensura. Mucha gente dejó de hablar no porque estuviera prohibido, sino por el costo de hacerlo. Fueron los años del macartismo, del Código Hays, de la persecución LGBTIQ+ y de la cruzada anticomunista. Una época oscura para la libre expresión, en la que no hacía falta prohibir para silenciar.
Guardando sus distancias, en Costa Rica hoy asistimos a una época en la que se intenta instalar una lógica similar. Es cierto que la administración Chaves Robles cierra con un saldo negativo en libertad de prensa y expresión, como lo señalan informes publicados por Reporteros sin Fronteras (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica. Pero, más allá de eso, uno de los grandes legados de este periodo es el intento deliberado de instalar, desde el poder público, una sensación de miedo e intimidación contra toda voz crítica del oficialismo.
Sin exagerar, estos han sido los años del ruido y el estigma: un periodo marcado por la intoxicación deliberada del espacio público, donde el insulto, la polémica permanente y la mentira han ido desplazando progresivamente la deliberación democrática, y han hecho cada vez más difícil distinguir entre información, propaganda y espectáculo. Un tiempo donde las campañas de descrédito, la estigmatización pública y el señalamiento desde las más altas esferas del poder han operado como mecanismos de control y disciplinamiento social. Han sido años en los que no se ha prohibido formalmente la crítica, pero sí se ha buscado intencionalmente elevar el costo político, social y simbólico de ejercerla.
Los ejemplos han sido múltiples. Durante este periodo se ha recurrido constantemente a estrategias de deslegitimación contra periodistas, empresarios, autoridades electorales, jueces, académicos y actores sociales críticos del oficialismo. Además, se han impulsado campañas de hostigamiento digital, se ha retirado pauta estatal a medios incómodos y se ha ejercido presión pública contra figuras opositoras. Más allá de cada episodio puntual, lo relevante es el patrón: convertir la deslegitimación y la exposición en mecanismos de advertencia para el resto de la sociedad. El mensaje desde el poder ha sido claro: si usted habla, tendrá consecuencias.
En la última Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación del Proledi, ya comienzan a observarse las repercusiones de estas acciones. El 45,6% de las personas participantes manifestó haber dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por temor a represalias. Además, el estudio encontró un dato igualmente revelador: la autocensura se manifestó con mayor intensidad entre quienes adversan al gobierno.
Esta estrategia de silenciamiento no es nueva. Más que creatividad local, es una adaptación de un guion ya aplicado en otros lugares. El derecho internacional y la jurisprudencia interamericana lo han abordado bajo conceptos como el “efecto disuasor” o el “chilling effect”: acciones que generan contextos en los que las personas dejan de expresarse no porque exista una prohibición formal, sino porque saben que hacerlo puede traer consecuencias políticas, laborales, sociales o reputacionales. Se trata de un fenómeno observado en democracias como Estados Unidos o México, pero también en regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, El Salvador o Nicaragua.
Ese es quizá el principal riesgo de estos años de ruido y estigma: que la ciudadanía termine aprendiendo que opinar, cuestionar o disentir tiene un costo demasiado alto y que, por tanto, es mejor no hacerlo. Y cuando una sociedad comienza a callar no porque exista censura formal, sino porque hablar se vuelve peligroso, incómodo o desgastante, la democracia empieza a deteriorarse mucho antes de que desaparezcan las elecciones o las instituciones. Los peligros están ahí. El mayor desafío para los próximos años será hablar de ellos.
oscar.jimenezalvarado@ucr.ac.cr
Óscar Mario Jiménez Alvarado es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR).
